50 mil objeciones a Educación para la Ciudadanía

En Castilla-la Mancha se han presentado ya 9.312 objeciones

Ciudad Real, 26 de noviembre de 2008. Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha
despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.

El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado en España 50.420 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos). En el caso de Castilla-La Mancha el número de objeciones asciende a 9.312, correspondiendo 638 a la provincia de Ciudad Real. Hoy mismo, un total de 31 plataformas o asociaciones de padres están presentando a los medios de comunicación los datos autonómicos de objeciones y recursos judiciales en 21 ciudades. Las más de cincuenta mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos.

«Durante los últimos meses», han asegurado, «los objetores hemos sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que sólo somos ciudadanos que exigimos respeto a nuestra posición y a nuestros hijos. Nada más».

Los portavoces de estas plataformas se han referido también a la situación judicial relacionada con las objeciones a Educación para la Ciudadanía. «La intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción. Concretamente en Castilla-La Mancha se han presentado 344 recursos y los juzgados provinciales de lo contenciosoadministrativo han dictado 12 autos de medidas cautelares que eximen a más de un centenar de niños de cursar la polémica asignatura. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores (entre sentencias y autos de medidas cautelares).

El incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables. «Los datos que hoy presentamos», han afirmado, «consolidan el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional: ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo».

50 mil objeciones a Ciudadanía

LOS OBJETORES A CIUDADANÍA HAN PRESENTADO 1562 RECURSOS JUDICIALES

159 resoluciones favorecen ya a los objetores

Madrid, 19 de noviembre de 2008. A sólo dos meses del inicio del curso escolar, las asignaturas conocidas como Educación para la Ciudadanía (EpC) ya han sido evaluadas e incluso suspendidas por los tribunales de justicia.

Hoy mismo, la asociación Profesionales por la Ética ha presentado los datos de los recursos judiciales que se han visto obligados a presentar los objetores a EpC en defensa de sus derechos. Generalmente, el proceso judicial se ha iniciado cuando los padres que habían presentado su declaración de objeción de conciencia han recibido un escrito de la Consejería de Educación negándoles la posibilidad de objetar.

Según ha afirmado José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la intransigencia de las Administraciones educativas y su insensibilidad con un derecho fundamental como es el de la libertad ideológica y de conciencia, ha obligado a los padres a acudir a los juzgados. «Iniciar un proceso judicial», ha afirmado, «es una medida extrema que se adopta cuando la otra parte, en este caso la Administración, ha cerrado todas las puertas a los ciudadanos, negándoles un derecho que no sólo está recogido en la Constitución Española sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según datos recopilados por Profesionales por la Ética, los padres objetores a EpC se han visto obligados a presentar, a fecha de hoy, 1562 recursos judiciales. Por Comunidades Autónomas destacan los casos de Navarra (362), Castilla-La Mancha (344) y Castilla y León (251).

Los tribunales han dictado 43 sentencias favorables a los derechos de los padres objetores en Andalucía (19 sentencias), Aragón (1 sentencia) y La Rioja (23). Además, han emitido 116 Autos de medidas cautelares (resolución provisional que exime a los objetores de asistir a clase de EpC y de ser evaluados hasta que se dicte sentencia) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por otra parte, según Bazán, se han emitido solamente 3 sentencias en Teruel y Navarra denegatorias del derecho a la objeción a EpC. «Existen otras sentencias, concretamente 30 de Asturias y 1 de Baleares que reconocen el derecho de los padres a objetar pero fallan en contra de algunos casos concretos por falta de pruebas».

La exposición de Bazán ha estado complementada por la de la abogada Pilar Herruzo, defensora de varios padres objetores de Córdoba, quien ha proporcionado las claves jurídicas de las resoluciones favorables a este derecho. En resumen, estas claves son las siguientes:

• Los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los padres y alumnos.


• Todas las sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto.


• Las sentencias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía declaran que los alumnos objetores deben quedar exentos de la misma, sin que puedan sufrir ninguna consecuencia negativa en su expediente académico.

Finalmente, ha intervenido Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha recordado que en esta batalla cívica por los derechos fundamentales se han producido situaciones esperpénticas debido a la insensibilidad del Gobierno y de numerosas administraciones autonómicas. Urcelay ha recordado que en septiembre pasado, la ministra de Educación aseguró que no existía ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía. «Ahora podemos preguntarle a doña Mercedes Cabrera si le parecen suficientes problemas 1562 recursos judiciales».

Para el presidente de Profesionales por la Ética, este conflicto social se ha originado exclusivamente por la negativa del Gobierno a escuchar las razones de los objetores apostando, en su lugar, por las amenazas y las presiones a padres y alumnos, llegando a actuaciones presuntamente delictivas como la publicación de los nombres de menores objetores en el Boletín de la Junta de Andalucía.

«La cuestión», concluye Urcelay, «es que miles de ciudadanos responsables han aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana. Sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, seguiremos adelante mientras haya una sola familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia».

CIUDADANO ESTÁNDAR

En el debate actual sobre la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, sus defensores acostumbran a reducir el conflicto a la disconformidad con algunos de sus contenidos por parte de quienes nos oponemos a su planteamiento actual. A partir de esa simplificación, se nos etiqueta y descalifica en función de los contenidos rechazados.

El problema es más grave. Lo peor de EpC no son sus contenidos, por más que algunos sean discutibles, rechazables e incluso escandalosos. Lo peor de esta Ley Orgánica de la Educación, al imponer EpC, es que sienta las bases para que el Estado condicione el crecimiento personal de los ciudadanos, hasta en su conciencia moral, en sus creencias, en su carácter y en su afectividad.

Cuando se abrió este debate, hace tres años, los partidarios de EpC negaban este extremo. En los últimos meses, personalidades tan destacadas como Peces Barba, J.A. Marina o J. Valverde (ex consejero de Educación de CLM, en el debate en las Cortes Regionales del 17-04-2008) han reconocido abiertamente el propósito de establecer, a través de EpC, una nueva moral pública que reduciría la moral individual al ámbito privado. Este propósito de construcción de la conciencia moral quedó claramente reflejado en el Real Decreto 1631/2006 que fija los contenidos mínimos, objetivos y criterios de evaluación de este grupo de asignaturas.
Con la excusa de que la Educación debe perseguir la formación integral del alumno, el Gobierno actual aprovecha para incorporar a EpC ingredientes como la competencia emocional, la educación de la afectividad, las pautas de relación social del niño, la orientación sexual… prescindiendo del criterio y la responsabilidad de los padres en estas materias.

Por otra parte, camuflados como valores comunes, se intenta inculcar a los alumnos el laicismo, el relativismo ético, el positivismo jurídico, la ideología de género y una visión simplista e interesada del proceso de construcción de los Derechos Humanos, que desembocan en una ética concreta que se nos presenta como universal.

Para entenderlo fácilmente, según este planteamiento la familia entrega al Estado la materia prima: un niño o niña de 10 años (EpC empieza en 5º de Primaria), cuanto menos maduro mejor. El Estado le incorpora todos los ingredientes necesarios: conocimientos formales, pautas de comportamiento social-afectivo-emocional-sexual, criterios éticos, conciencia moral y política, etc. A los 17-18 años, finalizado el proceso, lo entrega a la sociedad, convertido en un perfecto Ciudadano Estándar, políticamente correcto, moderadamente crítico, identificado con el sistema que le ha educado, independiente de la familia que le trajo al mundo (excepto en lo económico) y, por supuesto, laicista, progresista y “moderno”.

Confiemos en que este Estado, que viene fracasando desde hace décadas en el objetivo de dar a los niños una educación de calidad (basta con leer los estudios internacionales y ver dónde queda España), fracase ahora en el propósito de formar ciudadanos a su medida. Si el intento prospera, podemos imaginar los resultados. Abundan los precedentes históricos en que un gobierno ha usurpado el papel educador de la familia, creando modelos humanos estándar, para conseguir diluir la verdadera sociedad en un estado totalitario: la Alemania nazi, la Italia fascista, el comunismo a lo largo y ancho de medio mundo o los países islámicos en que la religión se confunde con el estado. Tampoco faltan ejemplos en la Historia reciente de cómo una democracia puede evolucionar hacia un régimen totalitario a través de su propia degeneración.

Por ello, es preciso defender el protagonismo y la responsabilidad de la familia en la educación de sus hijos, así como el papel subsidiario del Estado garantizando el derecho de todos los ciudadanos a la Educación. Vamos, lo que dicen la Declaración Universal de DDHH, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española.

Esperamos de los responsables políticos en materia educativa que dediquen EpC a enseñar a nuestros hijos la Constitución y los Derechos Humanos (toda la Constitución y todos los DDHH, no sólo aquello que le cuadre al gobierno de turno). Podrían empezar dando ejemplo, respetando los derechos constitucionales de los padres en materia educativa y de todos los ciudadanos en cuanto a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia. ¿Es mucho pedir?

Manuel Martín-Gaitero López M.
Presidente de Foro Ciudad Real en Libertad.

Artículo publicado en la revista La voz

ENCUENTRO DE OBJETORES EN TOLEDO

PRIMER FALLO JUDICIAL EN CIUDAD REAL

Todos los fallos judiciales de Castilla-La Mancha

son favorables a los objetores

Madrid, 5 de noviembre de 2008. Hoy se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Realha dictado un auto por el que se decreta la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a cuatro alumnas de la capital.

Esta resolución judicial se suma a los casi 130 autos y sentencias favorables a los padres objetores de toda España. En Castilla-La Mancha ya se han dictado medidas cautelares favorables a la objeción en las cinco provincias, amparando a un total de ciento veintiocho niños.

Todo ello se produce a pesar de que el pasado mes de septiembre el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó una Instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma “oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal”.

El contencioso iniciado por estas tres familias ciudadrealeñas se está tramitando por la vía especial de protección de derechos fundamentales. En los fundamentos de derecho, el juez admite los argumentos de las letradas de las familias, Elena Gómez y Carmen Carrión, aceptando que “…el interés público también está en la garantía de los derechos de los ciudadanos cuando estos entienden que se vulneran sus derechos fundamentales”.

En Ciudad Real, los padres que se oponen a la imposición de esta “Educación para la Ciudadanía” han presentado ya, o ultiman en estos días, recursos contencioso-administrativos que afectan a unos 80 niños y a unas 45 familias. La mayor parte de ellos se están acogiendo a la vía especial de protección de derechos fundamentales, solicitando medidas cautelares como las concedidas a estas cuatro niñas.

Las objeciones de conciencia frente a EpC presentadas en toda España superan las 45.000, de las cuales más de 9.000 corresponden a Castilla-La Mancha y de ellas 650 a Ciudad Real.

La asociación Foro Ciudad Real en Libertad espera, desde hace cinco meses, que el presidente Barreda reciba y escuche a los padres objetores. Y sigue reclamando a nuestros responsables políticos que cumplan y hagan cumplir la Constitución, respetando el derecho de los ciudadanos a la libertad ideológica, religiosa y educativa.