jueves, 25 de diciembre de 2008

FELIZ NAVIDAD


Dios nace entre nosotros
¡Feliz Navidad!














La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" Miguel de Cervantes.

miércoles, 17 de diciembre de 2008

145 RESOLUCIONES JUDICIALES FAVORABLES A LOS OBJETORES


Avalancha de nuevas sentencias favorables a los objetores
Madrid, 17 de diciembre de 2008. En el día de ayer la Justicia ha dado a los objetores a Educación para la Ciudadanía lo que los políticos y la Administración educativa les niegan: el reconocimiento del derecho a objetar. Y es que se dieron a conocer simultáneamente 9 sentencias, todas ellas favorables a los objetores.

La primera noticia vino de Extremadura, donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres ha dado la razón a dos familias objetoras. La cuestión es importante porque es la primera sentencia dictada en Extremadura que reconoce el derecho fundamental de los padres a negarse a que sus hijos sean adoctrinados.

A la sentencia extremeña hay que sumar otras ocho, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y relativas a padres objetores de Cádiz (1), Sevilla (4), Córdoba (2) y Huelva (1).

Según datos facilitados por la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, hasta esta fecha se han emitido 145 resoluciones (entre sentencias y autos de medidas cautelares) favorables a los padres objetores en Andalucía, La Rioja, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Por el contrario, se han emitido 45 resoluciones (sentencias o autos de medidas cautelares) que niegan a los padres el derecho a objetar. Este ha sido el caso de tribunales de Galicia, Baleares, Canarias, Navarra, Murcia, Asturias y Cantabria.

Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la Justicia se va imponiendo a pasos agigantados al reconocer judicialmente que Educación para la Ciudadanía interfiere derechos fundamentales de los padres. «A fecha de hoy», asegura, «los recursos judiciales de padres objetores superan los 1600. Es un conflicto social sin precedentes y un movimiento cívico imparable. Pero al final el Derecho se reconoce».

lunes, 15 de diciembre de 2008

LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS FAVORECE A LOS OBJETORES


Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asociación Profesionales por la Ética ha entrevistado a José Luis Bazán quien, entre otras cosas, recuerda que el artículo 26.3 de la citada Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Bazán es doctor en Derecho, autor de numerosas publicaciones, ha sido profesor en las universidades de Navarra y Católica de París y es uno de los expertos en derechos humanos más importante de nuestro país. En la entrevista José luis Bazán asegura que en menos de un año, los objetores han pasado de ser descalificados socialmente a ser amparados por casi 200 resoluciones judiciales y que Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia.

Entrevista de la Asociación Profesionales por la Ética a José Luis Bazán:

¿Qué tiene que ver la Declaración de Derechos Humanos con la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía?

- Tiene mucho que ver porque el artículo 26.3 de la Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Educación para la Ciudadanía (EpC) constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpa la patria potestad de los padres. Los padres objetores han percibido esta violencia moral que se ejerce sobre sus hijos y la regresión jurídica que supone; por eso se niegan, mediante el ejercicio del derecho a la objeción, a que sus hijos sean adoctrinados. En ese sentido, los objetores son un testimonio de valores que la ley debe acoger y respetar.

¿Cómo es posible que se pueda objetar a Educación para la Ciudadanía, unas asignaturas que están en un real decreto de obligado cumplimiento? ¿No es ilegal esa objeción?

- Efectivamente, las leyes son obligatorias, están para ser cumplidas. Y porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia. Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia. En España, afirma nuestro Tribunal Constitucional, la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello, la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara.

¿Qué sentido tiene objetar a Educación para la Ciudadanía en un colegio con ideario propio?

- No hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Estas materias están desarrolladas mediante normas legales de obligado cumplimiento. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Además, se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados.

¿Existe algún precedente europeo de objeción de conciencia en el ámbito educativo?

- Si, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega. El Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa. No solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos.

Sinceramente, ¿cree que el derecho a la objeción en Educación para la Ciudadanía será reconocido por la mayoría de los tribunales?

- Es que ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines. En poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares), la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia.

viernes, 5 de diciembre de 2008

ABORTO Y SEXUALIDAD ESTÁN EN EPC


Ministros y altos cargos desvelan el verdadero contenido de estas asignaturas


Madrid, 4 de diciembre de 2008. Hasta ahora el Gobierno de Rodríguez Zapatero (y en general los dirigentes socialistas) había asegurado que el conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía (EpC) solamente enseñaban Constitución Española y derechos humanos. Sin embargo, en los últimos días, coincidiendo con el alarmante número de abortos entre jóvenes y adolescentes, varios ministros y altos cargos socialistas han desvelado el verdadero contenido de EpC. En resumen, estas han sido sus declaraciones:
  • Bernat Soria, ministro de Sanidad, en Alicante (10-11-2008) incidió en la necesidad de trabajar más en el fomento de la educación sexual y reproductiva (para poder reducir la tasa de abortos), algo que se puede hacer desde la asignatura Educación para la Ciudadanía.

  • José Martínez Olmos, secretario general del Ministerio de Sanidad ha afirmado (2-12-2008) que EpC puede servir para concienciar a los jóvenes de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos.

  • Carmen Montón, portavoz del Grupo Socialista de Igualdad en el Congreso de Diputados, ha declarado (3-12-2008) que no entiende que se vaya en contra de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que tiene capítulos enteros hablando de sexualidad, sexo seguro y responsable.

  • Mireia Pilar Ruiz, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Archena (Murcia) ha asegurado que la asignatura Educación para la Ciudadanía incluye módulos de educación sexual, contenidos que se empeñan en calificar de adoctrinamiento moral.

  • Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha recordado (3-12-2008) que hay que formar ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones y la educación respecto al aborto es un objetivo esencial.

Para Isabel Aranguren, de Profesionales por la Ética de Madrid, las declaraciones citadas reflejan cuatro aspectos relacionados con EpC:

1. Lejos de enseñar valores constitucionales, las asignaturas de EpC se introducen, de manera obligatoria y con carácter evaluable, en ámbitos de formación moral que corresponden a las familias.

2. EpC se propone formar la conciencia moral de los alumnos, educarles en la autonomía moral (no hay normas objetivas en materia de ética y moral) y en el relativismo moral (no hay Bien ni mal, está bien lo que tú decidas que es bueno). En ese contexto, el aborto es una opción más, perfectamente válida si la persona considera que le favorece.

3. EpC se refiere a los derechos humanos como conquistas históricas inacabadas. Con ese planteamiento, el supuesto «derecho al aborto» entra a formar parte del programa de este conjunto de asignaturas.

4. La introducción de métodos anticonceptivos y de preservativos en la escuela ha provocado un creciente número de abortos en las últimas décadas; si se utiliza EpC para proseguir estas mismas políticas, lo natural es que el número de abortos se multiplique en los próximos años.

En opinión de Isabel Aranguren, el diseño actual de EpC es un pretexto para formar nuevos ciudadanos a la medida de la ideología del Gobierno de turno. «Esto explica», asegura, «que más de 50 mil padres hayan objetado a EpC en defensa del derecho a educar a sus hijos según sus convicciones».

domingo, 30 de noviembre de 2008

50 mil objeciones a Educación para la Ciudadanía



En Castilla-la Mancha se han presentado ya 9.312 objeciones

Ciudad Real, 26 de noviembre de 2008. Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha
despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.

El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado en España 50.420 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos). En el caso de Castilla-La Mancha el número de objeciones asciende a 9.312, correspondiendo 638 a la provincia de Ciudad Real. Hoy mismo, un total de 31 plataformas o asociaciones de padres están presentando a los medios de comunicación los datos autonómicos de objeciones y recursos judiciales en 21 ciudades. Las más de cincuenta mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos.
«Durante los últimos meses», han asegurado, «los objetores hemos sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que sólo somos ciudadanos que exigimos respeto a nuestra posición y a nuestros hijos. Nada más».

Los portavoces de estas plataformas se han referido también a la situación judicial relacionada con las objeciones a Educación para la Ciudadanía. «La intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción. Concretamente en Castilla-La Mancha se han presentado 344 recursos y los juzgados provinciales de lo contenciosoadministrativo han dictado 12 autos de medidas cautelares que eximen a más de un centenar de niños de cursar la polémica asignatura. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores (entre sentencias y autos de medidas cautelares).

El incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables. «Los datos que hoy presentamos», han afirmado, «consolidan el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional: ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo».

jueves, 27 de noviembre de 2008

miércoles, 19 de noviembre de 2008

LOS OBJETORES A CIUDADANÍA HAN PRESENTADO 1562 RECURSOS JUDICIALES


159 resoluciones favorecen ya a los objetores

Madrid, 19 de noviembre de 2008. A sólo dos meses del inicio del curso escolar, las asignaturas conocidas como Educación para la Ciudadanía (EpC) ya han sido evaluadas e incluso suspendidas por los tribunales de justicia.

Hoy mismo, la asociación Profesionales por la Ética ha presentado los datos de los recursos judiciales que se han visto obligados a presentar los objetores a EpC en defensa de sus derechos. Generalmente, el proceso judicial se ha iniciado cuando los padres que habían presentado su declaración de objeción de conciencia han recibido un escrito de la Consejería de Educación negándoles la posibilidad de objetar.

Según ha afirmado José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la intransigencia de las Administraciones educativas y su insensibilidad con un derecho fundamental como es el de la libertad ideológica y de conciencia, ha obligado a los padres a acudir a los juzgados. «Iniciar un proceso judicial», ha afirmado, «es una medida extrema que se adopta cuando la otra parte, en este caso la Administración, ha cerrado todas las puertas a los ciudadanos, negándoles un derecho que no sólo está recogido en la Constitución Española sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según datos recopilados por Profesionales por la Ética, los padres objetores a EpC se han visto obligados a presentar, a fecha de hoy, 1562 recursos judiciales. Por Comunidades Autónomas destacan los casos de Navarra (362), Castilla-La Mancha (344) y Castilla y León (251).

Los tribunales han dictado 43 sentencias favorables a los derechos de los padres objetores en Andalucía (19 sentencias), Aragón (1 sentencia) y La Rioja (23). Además, han emitido 116 Autos de medidas cautelares (resolución provisional que exime a los objetores de asistir a clase de EpC y de ser evaluados hasta que se dicte sentencia) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por otra parte, según Bazán, se han emitido solamente 3 sentencias en Teruel y Navarra denegatorias del derecho a la objeción a EpC. «Existen otras sentencias, concretamente 30 de Asturias y 1 de Baleares que reconocen el derecho de los padres a objetar pero fallan en contra de algunos casos concretos por falta de pruebas».

La exposición de Bazán ha estado complementada por la de la abogada Pilar Herruzo, defensora de varios padres objetores de Córdoba, quien ha proporcionado las claves jurídicas de las resoluciones favorables a este derecho. En resumen, estas claves son las siguientes:
  • Los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los padres y alumnos.

  • Todas las sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto.

  • Las sentencias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía declaran que los alumnos objetores deben quedar exentos de la misma, sin que puedan sufrir ninguna consecuencia negativa en su expediente académico.

Finalmente, ha intervenido Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha recordado que en esta batalla cívica por los derechos fundamentales se han producido situaciones esperpénticas debido a la insensibilidad del Gobierno y de numerosas administraciones autonómicas. Urcelay ha recordado que en septiembre pasado, la ministra de Educación aseguró que no existía ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía. «Ahora podemos preguntarle a doña Mercedes Cabrera si le parecen suficientes problemas 1562 recursos judiciales».

Para el presidente de Profesionales por la Ética, este conflicto social se ha originado exclusivamente por la negativa del Gobierno a escuchar las razones de los objetores apostando, en su lugar, por las amenazas y las presiones a padres y alumnos, llegando a actuaciones presuntamente delictivas como la publicación de los nombres de menores objetores en el Boletín de la Junta de Andalucía.

«La cuestión», concluye Urcelay, «es que miles de ciudadanos responsables han aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana. Sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, seguiremos adelante mientras haya una sola familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia».