Madrid, 20 de febrero de 2009. Cuando a principios del presente curso escolar Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, aseguró que no había ningún problema con Educación para la Ciudadanía, no sabía (o no quería saber) la que se venía encima. Educación para la Ciudadanía ha protagonizado intensos debates judiciales, ha promovido la mayor movilización de padres de la historia de España y, tras las 4 sentencias del Tribunal Supremo sobre el derecho a objetar, ha quedado maltrecha.
En este contexto, cinco representantes de 67 plataformas de padres objetores de diferentes puntos de España han comparecido ante los medios de comunicación para exponer su postura y las líneas de actuación que van a seguir tras conocerse el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo.
La primera persona en intervenir ha sido Mariví Urbina, de la Plataforma Educa en Libertad Madrid-Noroeste, quien ha recordado que las sentencias del Tribunal Supremo abren un nuevo escenario para los objetores a Educación para la Ciudadanía y ese era el motivo de comparecer ante la prensa.
A continuación ha hablado Marisa Pérez Toribio, de Soria Educa en Libertad, quien ha expuesto las líneas básicas de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo. Pérez Toribio ha recordado que el motivo de objetar al conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) es el carácter ideológico y adoctrinador de este conjunto de asignaturas.
«Es cierto», ha asegurado, «que las cuatro sentencias deniegan la posibilidad de objetar en esos cuatro casos pero es igualmente cierto que indican el camino a seguir a los padres que quieran educar en libertad». Pérez Toribio ha recordado que las sentencias afirman que impartir EpC no autoriza a la Administración ni a los centros ni a los profesores a inculcar puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que son controvertidas en la sociedad española.
«Una vez conocidas las 4 sentencias del Supremo, se ha pretendido silenciar la voz de los padres dando cabida, casi en exclusiva, a las declaraciones del Gobierno y los defensores de esta asignatura tratando de transmitir una situación de punto final y de normalidad que dista mucho de ser real. Por eso hemos decidido convocar hoy aquí a todos los medios y aclarar cuál es la postura de los padres objetores una vez conocida la Sentencia».
Estamos aquí como padres y madres de familia, miembros además de plataformas que se han ido creando de forma espontánea para informar, asesorar, representar y siempre acompañar a esos miles de padres que se han ido poniendo en contacto con nosotros, uno a uno, cada uno con su situación particular, respetando siempre, y por encima de todo, como deberían hacer las autoridades educativas y el gobierno, la libertad de cada padre y el derecho a decidir, en cada caso, la mejor forma de defender a sus hijos frente a la intromisión ilegítima de este gobierno en el derecho a decidir la formación moral, y en su caso religiosa, de sus hijos.
- Posibilidad de solicitar que se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria si esta invadiera el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral.
- Paralizar la impartición de las asignaturas mediante recurso ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo si se demuestra que hay adoctrinamiento en el proyecto educativo y en los textos que se utilizan. En este punto, García de Blanes ha aclarado que el proyecto educativo no son solamente los libros de texto sino también los materiales didácticos obligatorios, las charlas y actividades escolares obligatorias e incluso los exámenes que pretendan evaluar a los alumnos en un sentido adoctrinador en lugar de evaluar conocimientos objetivos.
García de Blanes ha aclarado que las nuevas vías de actuación por la libertades de enseñanza, ideológica y de conciencia no interrumpen en absoluto los recursos jurídicos relativos al derecho de objeción a EpC. «En el caso de las sentencias del Supremo», ha afirmado, «y siempre que los padres lo deseen, se recurrirá en el Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el resto de casos de objeción, los padres decidirán que quieren hacer; de momento, los 278 fallos judiciales (entre sentencias y Autos de medidas cautelares) siguen su curso, amparan a los objetores y probablemente lleguen al Supremo dando lugar a nuevas sentencias».
Por su parte, Inmaculada López Rodríguez, de la Plataforma Segovia por una Educación en Libertad, ha exigido a las administraciones educativas que apliquen estrictamente las sentencias del Tribunal Supremo en el sentido de garantizar la neutralidad ideológica en los centros públicos de enseñanza. Concretamente, ha propuesto que las consejerías de Educación informen a los centros públicos, mediante circular o instrucción, del alcance de las sentencias del Tribunal Supremo en lo relativo a la neutralidad ideológica en la enseñanza de todas las materias escolares obligatorias de manera que no introduzcan criterios éticos controvertidos en la sociedad. También ha reivindicado que los Inspectores de Educación deberán supervisar la práctica educativa de los centros públicos, con objeto de cumplir las sentencias. En el mismo sentido, la representante de la Plataforma Segovia Educa en Libertad, ha asegurado que esta gran movilización social a favor de la objeción servirá, en el futuro, para que los padres se impliquen más activamente en las políticas educativas que afecten a sus hijos. «Es hora de que los padres intervengan responsablemente en el debate educativo, que hasta ahora ha estado en manos de partidos políticos y administraciones educativas a menudo indiferentes a los derechos constitucionales de los padres en materia de educación y libertad».
El turno de intervenciones lo ha cerrado Mª Jesús Aranda, de la Plataforma Xq Te Callas de Talavera de la Reina. En nombre de las plataformas de padres objetoras presentes y representadas en esta rueda de prensa ha recordado que el conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía ha suscitado una amplia e intensa polémica social. Esta anomalía, impropia de un sistema educativo avanzado, requiere la contribución de todos los actores implicados para la búsqueda de una solución justa desde el respeto y a través del diálogo sincero.
«Con este motivo», ha asegurado, «las plataformas de padres nos hemos constituido por todo el territorio nacional, de manera espontánea, como respuesta ciudadana, responsable y comprometida a lo que consideramos un atentado a nuestros derechos civiles. El vínculo que proporciona unidad a todas las plataformas es únicamente el compromiso compartido con la defensa de la libertad de educación y los derechos de los padres como primeros y principales educadores de sus hijos. Nuestra finalidad como plataformas de padres defensores de la libertad de educación no se acaba en el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia, pretendemos el restablecimiento del equilibrio de derechos y deberes que ha alterado la implantación del mencionado bloque de asignaturas.
Demandamos, para recuperar dicho equilibrio, las oportunas modificaciones en las enseñanzas mínimas obligatorias de Educación para la Ciudadanía. Estas modificaciones no se refieren sólo a los contenidos específicos de los diferentes bloques de contenidos -en algunos casos rechazables por no tratarse de principios comunes constitucionales-, sino fundamentalmente a lo que afecta a los objetivos y criterios de evaluación de las materias. Creemos necesario que esta imposición de objetivos y criterios de evaluación, así como la reducción de contenidos propios que son asignados a Educación para la Ciudadanía, no altere las tradicionales asignaturas de Ética y de Filosofía, que consideramos imprescindibles para los alumnos en su desarrollo como personas íntegras y, por consiguiente, como buenos ciudadanos.
Para finalizar, Mariví Urbina ha invitado a los presentes a asistir al II Encuentro Nacional de Objetores a EpC que se celebrará el 28 de febrero en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
