jueves, 27 de septiembre de 2007

ADMITIDA QUERELLA CRIMINAL CONTRA EL DELEGADO DE EDUCACIÓN EN TOLEDO


REDACCIÓN HAZTEOIR, 27-9-07


El Juzgado de Instrucción nº 4 de Toledo ha admitido a trámite la querella presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro contra el Delegado Provincial en Toledo de la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto Enríquez, por la nota interior en la que ordenaba a todos los centros educativos a no evaluar a los alumnos que objetaran en conciencia a cursar Educación para la Ciudadanía, impidiendo así su promoción de curso. Una vez más, la Justicia ampara a los objetores frente a los que intentan amedrentar o limitar un derecho constitucional.

La Justicia ha vuelto a amparar el derecho constitucional de los padres frente a los intentos de amedrentar a los objetores por parte de quienes tratan de imponer un adoctrinamiento ideológico en las escuelas, violando el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos. Un derecho que también ha sido amparado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La asignatura Educación para la Ciudadanía, conforme a los contenidos aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura, introduce objetivos, materias y criterios de evaluación que afectan directamente a la formación moral de los alumnos desde los 10 a los 18 años, terreno en el que sólo corresponde a los padres decidir, tal como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. A través de esta nueva asignatura se pretende educar a los alumnos en la peculiar visón ética de la persona y de la afectividad que tienen los actuales gobernantes, en contra de la conciencia de la mayoría de padres y madres españoles.

Por tal motivo el Centro Jurídico Tomás Moro tomó la decisión de defender a aquellos padres que objetaran y tuviera problemas administrativo por el ejercicio de tal derecho y de presentar cualquier tipo de iniciativa jurídica tendente a su defensa. En el ejercicio de esta decisión este Centro presentó con fecha 8 de junio una querella contra el Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, Ángel Felpeto Enríquez, que pretende formar a todos los Centros Educativos a que impidan el ejercicio constitucional a la objeción de conciencia.

Tal imposición supone la comisión del delito contemplado en el artículo 542 del Código Penal, que pena con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de entre uno y cuatro años a la autoridad o funcionario que impidiere el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución.

El Presidente de este Centro, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, muestra públicamente su satisfacción porque "al fin los Juzgados y Tribunales se decidan a defender los derechos de todos los españoles, ya que la imposición de la Educación para la Ciudadanía es un retroceso social de efectos incalculables, por cuanto supone la introducción en las aulas de un adoctrinamiento político propio sólo de regímenes totalitarios e incompatible con nuestra propia Constitución". Igualmente felicita a los padres que con su objeción están haciendo posible la defensa de nuestras libertades. "Algún día la sociedad reconocerá el valor de estos padres que con su sacrificio personal están defendiendo la libertad de todos”.

EpC y atención a la diversidad en Castilla La Mancha


JOSÉ LUIS BAZÁN. Doctor en Derecho. Experto en protección jurídica de los derechos humanos


En Castilla La Mancha se define la atención a la diversidad como “toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado” (art. 2.1 del Decreto 138/2002 de 8 de octubre por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha -DOCM 126, de 11 de octubre de 2002).

Precisamente, la situación social generada a causa del ejercicio por los padres de su derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía -que supone la presencia del hijo en el colegio, pero su no entrada en las sesiones de la citada materia-, encaja en el concepto legal mencionado, al generarse unas circunstancias que difieren de las ordinarias. Hay que tener bien presente que esta situación novedosa deriva del ejercicio de un derecho y no tiene por qué ser considerada anómala, ni ha de provocar rechazo, ni en la dirección o profesorado del colegio ni en la Administración educativa.

Por el contrario, la respuesta a la diversidad del alumnado se regirá, entre otros, por los principios de normalización, integración e inclusión escolar (art. 4.1), y es el colegio el responsable de organizarla teniendo como referentes el proyecto educativo y el proyecto curricular (art. 5). El colegio no puede hacer responsables a los padres de los hijos en las horas de Educación para la Ciudadanía, ni exigirles que se hagan cargo de ellos durante ese tiempo.

Los centros docentes elaborarán un Plan de Atención a la Diversidad en el que incorporarán un conjunto de medidas dirigidas a dar una respuesta educativa adaptada al alumnado del centro en su singularidad a través de un currículum abierto y flexible (art. 6.1).

Esta vía legal permitiría dar contenido educativo a la parte curricular correspondiente a Educación para la Ciudadanía, generando alternativas educativas consistentes que hicieran de ese tiempo escolar una ocasión de aprovechamiento.

viernes, 21 de septiembre de 2007

SOBRE CIUDADANÍA Y LIBERTAD






Jaime Urcelay, Presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA



A propósito de unas acusaciones destempladas de Gregorio Peces-Barba

Ayer, en la tribuna de un diario nacional de corte gubernamental, Gregorio Peces - Barba, catedrático de Filosofía del Derecho, acusaba a PROFESIONALES POR LA ÉTICA de intentar engañar a los padres con una Guía (Educación para la Ciudadanía: los padres elegimos) de asesoramiento a padres sobre la objeción de conciencia a la nueva materia de la LOE. La extendida objeción de conciencia frente a la polémica asignatura parece haber llamado la atención del ilustre catedrático a pesar de que, según el periódico que le cede su tribuna, el 14 de septiembre pasado “sólo se habían producido 84 objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía”, pese a la constancia fehaciente de que se trata ya de más de 15.000.

Peces-Barba acusaba a PROFESIONALES POR LA ÉTICA de manipular la jurisprudencia constitucional y de omitir el art. 27.2 de la Constitución, conforme al cual, “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. En consecuencia y dado que, a su entender, este precepto avala la constitucionalidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía, los promotores de la objeción de conciencia estaríamos empujando a los padres a la desobediencia civil. Además, nuestra entidad estaría ocultando, siempre según Peces-Barba, información acerca de las consecuencias académicas derivadas de la negativa a cursar Educación para la Ciudadanía, afirmación ésta difícilmente sostenible para quien se tome la molestia de leer las páginas 14 a 17 de la referida Guía.

Mucho nos tememos que quien realmente trata de confundir es Peces-Barba. PROFESIONALES POR LA ÉTICA asume la totalidad de la Constitución Española y por lo tanto también el artículo 27.2, según el cual la educación debe respetar los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Pero nuestras preguntas, a propósito de la discutida asignatura, son muy claras. ¿Qué tienen que ver los principios democráticos de convivencia con la formación de la conciencia moral de los alumnos que se propone explícitamente la asignatura Educación para la Ciudadanía?. ¿Qué sentido tiene incluir entre sus contenidos aspectos como “los interrogantes del ser humano”, “la orientación afectivo-sexual”, “la educación emocional”, “la dimensión moral del ser humano” o “los dilemas ético-cívicos”?.

La paradoja, además, es que Educación para la Ciudadanía omite sistemáticamente principios democráticos, derechos y libertades fundamentales que sí se encuentran en la Constitución: la libertad religiosa, la libertad de educación, la protección de la familia, la unidad indisoluble de la Nación española o la libertad de empresa.

Peces-Barba también nos acusa de obviar que “la objeción tiene que ser reconocida en cada caso por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la base de la libertad ideológica y religiosa”. ¿Por qué este afán de malentender todo cuando precisamente es esa la postura que PROFESIONALES POR LA ÉTICA y otras muchas entidades estamos defendiendo?. Lo que silencia el ilustre catedrático es que para que la objeción pueda llegar al Tribunal Constitucional es preciso que, con carácter previo, haya sido invocada en situaciones concretas de vulneración de la libertad ideológica y religiosa, como es el caso de esta asignatura.

Por último, el ex- Rector de la Universidad Carlos III dedica gran parte de su artículo a desear que la Iglesia española se comporte como la francesa o la alemana. Con este argumento, a nuestro juicio, desenfoca el núcleo del debate y desempolva un rancio anticlericalismo que no sabemos a cuento de qué viene. En el debate sobre Educación para la Ciudadanía no se trata de dilucidar qué papel debe tener la Iglesia Católica en la vida pública española, sino de cómo proteger la libertad de los padres de familia para decidir cómo quieren educar a sus hijos. A Peces-Barba se le escapa que “aunque el creyente está protegido con la laicidad, en sociedades democráticas, con la Constitución o la ley, no es protagonista político”. ¿Significa esta frase que se propone recluir al ciudadano creyente, al que tenga convicciones diferentes a las suyas, en un guetto, en un museo o en una reserva para especies exóticas?. Negar que los ciudadanos creyentes puedan ser protagonistas en la vida social y política es excluirles y condenarles al ostracismo cívico. ¿Es que no pagan sus impuestos, no cumplen sus obligaciones ciudadanas, no votan?. No es admisible en una sociedad democrática y pluralista que alguien, ni siquiera Peces-Barba, se arrogue la potestad de decidir quién tiene protagonismo y quién no lo tiene en la vida pública. Eso se llama, sencillamente, mentalidad totalitaria.

Menos explicable aun es que Peces-Barba quiera amedrentar a los padres de familia con “el coco” de que sus hijos no recibirán el correspondiente título. En cualquier caso los padres no se van a dejar amedrentar por amenazas pero que lea, por favor, él y cuantos desde la Administración han elegido el camino del no-diálogo, la propia LOE, que señala en su art. 28 que se puede pasar de curso con hasta dos asignaturas suspendidas, añadiendo en el art. 31 que “los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.

Mucho nos hubiera gustado, en fin, poder debatir abiertamente en el terreno de las ideas y los planteamientos con quien a todas luces es el primer responsable ideológico de este formidable “trágala” que la nueva asignatura representa. Lamentablemente, Peces-Barba y sus seguidores han optado por descalificarnos y amedrentar a los padres y a la comunidad educativa en general, dramatizando con que la oposición a Educación para la Ciudadanía producirá daños, desorden en el sistema escolar y otras apocalípticas consecuencias. Es una verdadera pena, cuando podíamos haber hablado de la libertad, que es lo que está de verdad en juego.

jueves, 20 de septiembre de 2007

ACTIVIDADES DE LOS PADRES OBJETORES EN CIUDAD REAL


Manuel – Ciudad Real en Libertad

Esta tarde se ha celebrado en Ciudad Real una reunión de padres objetores, para analizar las últimas noticias sobre Educación para la Ciudadanía, entre otras:
  • La creación de la plataforma de madres objetoras.

  • La admisión del recurso de los padres objetores por el Tribunal Superior de Andalucía.

  • La trama económica de la EpC: los escandalosos negocios de Vitorino Mayoral.

  • La valoración de algunos libros de texto para la EpC.

Asimismo, se han planteado diversas actuaciones en la provincia:

  • Campaña informativa a las AMPAS.

  • Envío a la Delegación de Educación de copias de las objeciones presentadas en los colegios, desde el pasado mes de julio, por si algún secretario se ha olvidado de mandarlas.

  • La distribución de los materiales de divulgación de la campaña.

Finalmente, el grupo de padres ha decidido denominarse Foro Ciudad Real en Libertad.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA...¿NO ES UN PROBLEMA PARA LOS CASTELLANOMANCHEGOS?


Manuel – Ciudad Real en Libertad


Hace unas pocas semanas, los castellano-manchegos que están al tanto del problema con la EpC, que no son muchos, recibieron con cierto alivio el anuncio oficial de la Consejería de Educación: la nueva asignatura no se implantará en Castilla-La Mancha hasta el curso 2008/2009. Realmente no era una noticia, sino la confirmación de algo que se sabía desde meses atrás. Por tanto, no se trata de un cambio de actitud, como pudieran pensar los ingenuos. Desde el primer momento, el gobierno de Barreda tenía decida su puesta en marcha para 2008/2009.

¿Entonces no es un gesto de prudencia, un indicio de rectificación...?

Tal vez, prudencia si. Barreda no es tonto y no quiere ponerse en la primera fila para llevarse todas las bofetadas. Que se las den a Chaves, o a Montilla... Es más cómodo esperar que se vayan pronunciando los Tribunales (podrían declararla inconstitucional o reconocer el derecho a la objeción) y que pasen las elecciones (si gana el PP, ha prometido suprimirla). Sólo en el caso de que el PP siguiera en la oposición y los tribunales fallaran total o parcialmente a favor de la asignatura, procedería su implantación, entonces si, corregida y aumentada. No les quepa la menor duda.

Rectificación, nunca. En realidad, se ha confirmado la intención inicial de empezar con la EpC en 2008/2009. Y mientras tanto, desde las delegaciones provinciales de Educación se lanzan amenazas a los padres objetores y a los colegios reticentes, se devuelven las objeciones presentadas alegando defectos formales (vulnerando la Ley de Procedimiento Administrativo y la Carta de Derechos de los Ciudadanos castellano-manchegos), se miente en cuanto al número de objeciones presentadas y se sigue trabajando en la preparación de los programas y del profesorado de cara al próximo curso.

Por eso, la objeción de conciencia de los padres sigue siendo tan necesaria como hace tres meses. Si en el momento de aprobar la LOE el estado de la opinión pública hubiera sido el actual, es probable que el PP hubiese presentado recurso de inconstitucionalidad, como hizo con el estatuto de Cataluña. Hemos llegado a tiempo de que este tema sea uno de los platos fuertes de la próxima campaña electoral gracias a las 15.000 objeciones presentadas y a la campaña de comunicación y debate en torno a esta polémica asignatura. Y los Tribunales se están haciendo eco de la alarma social que se está creando.

En la provincia de Ciudad Real hay ya un centenar de objeciones presentadas. Aún son pocas, pero irán aumentando. No nos dejemos engañar: es nuestro problema. No esperemos que otros nos lo vayan a resolver. Castilla-La Mancha va a estar entre las comunidades autónomas “talibanes” en este adoctrinamiento. A los contenidos mínimos establecidos por el Estado, aquí le han añadido expresamente y sin tapujos la educación y evaluación de la “competencia emocional y afectiva” de nuestros hijos. Y la Consejería de Educación está en manos del ala ideológicamente más radical del PSOE regional.

¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Tal vez mañana sea tarde.

domingo, 16 de septiembre de 2007

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