lunes, 21 de enero de 2008

LAS ADMINISTRACIONES SOCIALISTAS ADMITEN AHORA MILES DE OBJECIONES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
















Ante la falta de consenso y los fallos judiciales que amparan a los objetores,Profesionales por la Ética solicita la retirada de la asignatura

Madrid, 21 de enero de 2007. Las Administraciones educativas socialistas empiezan a verse obligadas a admitir la importancia de las objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía.

Así ha ocurrido el pasado 18 de enero en el transcurso de un debate sobre Educación para la Ciudadanía en Sonseca (Toledo), en el que el Delegado de Educación en la provincia, Francisco García Galán, reconoció públicamente que su departamento tenía registradas 3.900 objeciones a Educación para la Ciudadanía (EPC) solamente en Toledo. Esta cifra es incluso algo superior a la que se venía ofreciendo desde la entidades promotoras de la objeción, lo que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que hasta ahora tanto el Ministerio de Educación como la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ocultaban sistemáticamente los datos de objeciones de conciencia y despreciaban en sus declaraciones públicas el movimiento cívico de los padres a favor de la libertad de educación de sus hijos.

En el mismo sentido, el 16 de enero, el Viceconsejero de Educación de Andalucía, Sebastián Cano, ha declarado a los medios de comunicación que tiene contabilizadas 420 objeciones en toda la Comunidad Autónoma de padres a los que este año afecta directamente la asignatura por tener hijos en 3º de la ESO. Es también la primera vez que la Administración andaluza reconoce la importancia del movimiento objetor en esta Comunidad, que totaliza ya más de 4.000 objeciones para todos los cursos, a pesar del ambiente de amenaza y represión creado por las autoridades de la Junta para hacer desistir a los padres contrarios a la imposición de Educación para la Ciudadanía.

Además, en relación con la objeción a EPC, se ha producido otra novedad que refuerza a los objetores. En una resolución de 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha autorizado a los hijos de padres objetores de Málaga y Bollillos Par del Condado (Huelva) a no asistir a las clases de Educación para la ciudadanía, como medida cautelar, hasta que se dicte sentencia sobre el recurso contencioso en protección de derechos fundamentales presentado por dichos padres. Finalmente, en un nuevo auto judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que también había ya admitido anteriormente la no obligación de asistencia a clase de los hijos de padres objetores, ha confirmado que el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales es «la vía adecuada» en los recursos que los padres objetores habían presentado frente a EPC. De esta manera, el Tribunal rechaza una solicitud realizada por la abogacía del Estado y el gobierno asturiano, que habían intentado que el recurso de los padres objetores no se admitiese por la vía de protección de derechos fundamentales.

Ante estas importantes novedades que confirman la falta de consenso de la asignatura y su incompatibilidad con el derecho a la libertad ideológica reconocido en la Constitución, el Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, va a solicitar al Ministerio de Educación la suspensión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en las siete comunidades autónomas en las que se está impartiendo en el presente curso y su posterior retirada tal como se encuentra desarrollada en los actuales decretos de contenidos. Igualmente, Profesionales por la Ética solicitará la dimisión de los consejeros de Educación de Andalucía y Castilla-La Mancha por haber negado la existencia de objeciones a EPC y por amenazar con el suspenso y la expulsión a los padres que, ejerciendo sus derechos constitucionales, se proponían objetar.

jueves, 3 de enero de 2008

EUROPA DA LA RAZÓN A LOS OBJETORES A EPC


El Tratado de Lisboa confirma el derecho a la objeción de conciencia y a la libertad de educación

En un análisis titulado Los políticos y la asignatura Educación para la Ciudadanía en el año 2007, PROFESIONALES POR LA ÉTICA repasa la actitud que han tenido las principales fuerzas políticas respecto a la polémica materia curricular y la reacción suscitada contra ella.

En este debate han tenido singular protagonismo los padres de familia que han optado por la objeción de conciencia (en torno a 22 000 registradas hasta la fecha) como vía legítima de resistencia a lo que consideran una intromisión del poder en su derecho constitucional a la libre educación de la conciencia moral de sus hijos.

Estos padres objetores recibían, cuando 2007 estaba a punto de cerrarse, un importante balón de oxígeno en una lucha que puede ser larga. Se trata del recientísimo Tratado de Lisboa, firmado por el Consejo Europeo el pasado 13 de diciembre. Este acuerdo ratifica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incorporando así dos compromisos fundamentales para el movimiento objetor.

Por una parte, el artículo 14.3 del Tratado recoge el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Por otra, el artículo 10.2 reconoce expresamente el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

El análisis realizado por PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerda el desprecio del Presidente de Gobierno hacia los objetores, especialmente las madres, el impulso que el vídeo de las Juventudes Socialistas ha proporcionado al movimiento opositor a EPC y la última iniciativa de la Junta de Andalucía, que impone a los centros educativos de esta Comunidad «una persona responsable de coeducación» que impulse la igualdad de género con el fin de «promover el respeto a la libre orientación sexual».

La actitud del Partido Popular respecto a EPC y los padres objetores también merece la valoración de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, que recuerda que Mariano Rajoy no se ha dignado a recibir a ningún representante del movimiento objetor y que hasta ahora algunos dirigentes populares se han limitado a criticar EPC sin tomar ninguna iniciativa real de apoyo a los padres objetores. PROFESIONALES POR LA ÉTICA revela además que el Ministerio de Educación y Ciencia ha impugnado los decretos de desarrollo de EPC de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP por considerar que no se ajusta a los contenidos mínimos de la asignatura exigidos por la ley.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN LOS JUZGADOS


Miles de padres han recurrido el desarrollo autonómico de EPC en los tribunales superiores de Justicia de varias comunidades autónomas

La batalla judicial contra Educación para la Ciudadanía (EpC) ha comenzado en Andalucía, pero se ha extendido con rapidez a Asturias, Cataluña y País Vasco. Y es solo el comienzo de un previsible laberinto de decisiones y recursos que no acabarán hasta que los padres vean reconocido su derecho fundamental a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones. Veintidós mil objeciones de padres conscientes así lo demuestran: están dispuestos a no cesar en la defensa de su irrenunciable derecho a la educación ante un Estado invasor. Hasta el momento, ningún tribunal ha dictado sentencia sobre EpC.

José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética ha analizado cuál es la situación de cada comunidad autónoma ya que se trata de recursos interpuestos por los padres contra los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura Educación para la Ciudadanía. Estos recursos son presentados ante los tribunales superiores de justicia correspondientes porque los padres consideran que vulneran su derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y su libertad ideológica.

En el caso de Andalucía, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha tratado desesperadamente de frenar el curso normal del procedimiento, alegando ante el Tribunal, que no debía ser tramitado por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, sino por el procedimiento ordinario, ante lo que el Tribunal consideró que existía apariencia de vulneración de tales derechos en medida suficiente para la admisión a trámite del recurso interpuesto a través del procedimiento especial.

En Cataluña, más de 1000 padres se han adherido al recurso presentado por la Fundación Abat Oliba, E-Cristians y Juristes Cristians al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra EpC; en los próximos días se espera que aumente el número de padres recurrentes. Dicho Tribunal dictó el pasado 28 de noviembre un auto que se aparta del criterio de los tribunales de Asturias y Andalucía, al tramitar el recurso por el procedimiento ordinario, y no por el especial.

En el País Vasco, los padres también han recurridos los decretos autonómicos que desarrollan EPC. El Gobierno de Navarra también ha anunciado su intención de recorrer esta normativa debido a que la normativa del País Vasco afirma que uno de los objetivos educativos es construir Euskal Herria, incluyendo a Navarra.

En Asturias, el recurso de los padres ante el Tribunal Superior de Justicia ha logrado un primer éxito: mientras se resuelve y no, el tribunal permite la ausencia de los objetores de clase de EPC.

Son cientos los recursos administrativos interpuestos hasta el momento, que con toda probabilidad, acabarán transformándose en recursos judiciales ante las resoluciones denegatorias de las autoridades educativas autonómicas, especialmente si EpC se extiende a las 10 Comunidades (más Ceuta y Melilla) que no la han impartido en 2007-08. Es de esperar que, por su parte, los servicios jurídicos (tanto de la Administración estatal como de las comunidades autónomas que apoyan EpC) intensifiquen sus esfuerzos para sacar la asignatura del atolladero judicial en el que se encuentra.

En este proceso, al margen de los recursos judiciales contra los contenidos de EPC, prosiguen las objeciones de padres frente a la asignatura. El número ronda las 22 000 aunque, según fuentes de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, las objeciones registradas siempre son menos de las reales. No obstante, todas las previsiones apuntan a que las objeciones se incrementarán considerablemente a partir de enero ya que en el presente curso solamente se está impartiendo EPC en siete comunidades autónomas.