miércoles, 31 de octubre de 2007

LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA ESTUDIAN CIUDADANÍA ECOLÓGICA, PLURALISMO SOCIAL Y LAICIDADY RAZONES PARA SER DEMÓCRATA


Informe de Profesionales por la Ética sobre la formación de Profesores de EPC


La asociación Profesionales por la Ética ha realizado un Informe que analiza la formación de los profesores de Educación para la Ciudadanía (EPC). Esta formación la están llevando a cabo tres instituciones: la Fundación CIVES, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Las conclusiones del Informe de Profesionales por la Ética son las siguientes:

1. La asignatura EPC responde a un proyecto ético e ideológico muy definido que se intenta imponer a todos los alumnos de manera obligatoria con el pretexto de constituir una ética común que, en realidad, son los valores de unos pocos, concretamente del núcleo afín al Gobierno que ha diseñado los contenidos curriculares de la materia.

2. La Fundación CIVES es impulsora de EPC como instrumento de transformación social a través de la educación. En el momento de la constitución de CIVES, además de su presidente (Victorino Mayoral) formaban parte de su patronato otras cuatro personas vinculadas al PSOE (Ludivina García Arias, diputada del PSOE por Asturias; Claudio López Serrano, coordinador de Izquierda Socialista, corriente interna del PSOE, de Valladolid; Cristóbal García del Rosario, director general de personal en la Consejería de Educación del Gobierno canario; y Francisco Contreras Pérez, diputado del PSOE por Almería).

3. La Fundación CIVES dirige o interviene en todas las actividades llevadas a cabo por instituciones públicas para la formación del profesorado de EPC. Concretamente, dirige numerosos cursos patrocinados por los gobiernos socialistas de Andalucía y Extremadura y por el propio Ministerio de Educación y Ciencia. La Fundación Cives también Interviene en el diseño o en la docencia de los programas universitarios de EPC de dos universidades públicas (Carlos III y UNIA).

4. Los programas de formación del profesorado de EPC incluyen contenidos mínimos (o inexistentes) relativos a la Constitución Española o a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su lugar, contienen numerosas referencias al comportamiento ciudadano, a la concepción mudable de los derechos humanos y a cuestiones éticas ajenas a los valores constitucionales como pluralismo, tolerancia y laicidad, nuevos derechos, vías alternativas de resolución de conflictos, razones para ser demócrata, ciudadanía ecológica, igualdad de género y ciudadanía, la génesis social de la virtud...

martes, 30 de octubre de 2007


ABC de Sevilla, 10 de octubre de 2007


Los padres que objeten a Ciudadanía y no deseen que sus hijos reciban esas clases tendrán apoyo jurídico gratuito para defenderse de las «amenazas» de la Junta de Andalucía de acusarlos de «absentismo» y de que los niños no podrán pasar de curso o presentarse a Selectividad sin haber aprobado la asignatura. Este servicio jurídico lo ofrece el «Observatorio para la Objeción de Conciencia» en el que participan unas 40 asociaciones y fue presentado ayer en Sevilla por tres de ellas: el Foro Andaluz de la Familia, Profesionales por la Ética y Confapa.

José Luis Bazán, director del área jurídica de Profesionales por la Ética, explicó ayer en qué principios legales se basan para estar seguros de que pueden sacar adelante la defensa de los padres objetores, y en primer lugar alegó que «el ejercicio de un derecho fundamental, recogido en al Constitución, como es la objeción de conciencia, no puede tener consecuencias negativas o discriminatorias para quien lo ejerce».

En relación a la amenaza concreta de acusara a los padres de «absentismo» si sus hijos faltan a la clase de Educación para la Ciudadanía, Bazán recordó que hay un decreto de la propia consejera de Educación de la Junta, Cándida Martínez que fija las condiciones para que a un alumno se le considere «absentista». En este decreto se considera absentismo «la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado y sin motivo que lo justifique». Según Bazán, es evidente que en el caso de la objeción a Ciudadanía no se cumplen las condiciones ya que los niños no van a faltar del centro sólo que no entrarán en esa clase concreta.


jueves, 25 de octubre de 2007

IDEOLOGÍAS Y CONCIENCIA




Fernando López Luengos. Doctor en Filosofía y Vicepresidente de la Asociación de profesores Educación y Persona

Uno de los indicios más significativos de la inmadurez de la democracia española es la utilización del sistema educativo como instrumento para hacer política. De esa inmadurez, desgraciadamente, tampoco se libran algunos de nuestros políticos castellano-manchegos. Hace pocos años en nuestra región se decidió poner los exámenes extraordinarios de septiembre en el mes de junio (!) solo por una razón: para llevar la contraria al gobierno central. Por ese mismo motivo, años después, en la Consejería de Educación se daba la siguiente orden interna: toda referencia a normas o criterios del anterior grupo político debían ser suprimidas.

¿Dónde estaba entonces la conciencia de esos políticos? El borrador del nuevo currículo de la asignatura de Filosofía de bachillerato muestra una vez más el uso ideológico del sistema educativo. Se suprime, por ejemplo, la Metafísica para meter en su lugar proclamas sobre el concepto socialista de ciudadanía. Durante años los profesores de Filosofía nos hemos esforzado en enseñar a los alumnos la actitud crítica y el pensamiento. Pero ahora se nos intenta obligar a colaborar con una ideología. Como ya ocurriera en el siglo V a. de C. se vuelve a matar a Sócrates (el incansable buscador de la Verdad) en nombre de la Democracia.

¿Dónde está la conciencia de los profesores de Filosofía? La nueva reforma educativa (LOE) no solo no soluciona las graves deficiencias de nuestro sistema sino que se empeña en aumentarlas.
Pero cuando la maquinaria ideológica se entromete violentamente en la estructura y el currículo de las materias entonces el mismo sistema democrático está herido de muerte.

Esto es, cabalmente, lo que está sucediendo con la asignatura Educación para la ciudadanía. Quien a estas alturas piense que el temario de Educación para la Ciudadanía se centra en la Constitución es que no se ha leído los Decretos de Enseñanzas mínimas o es un cínico. La Constitución es tratada sólo marginalmente, y en su desarrollo se evitan todos los temas que resultan molestos al gobierno: no se hace ninguna mención de la unidad de España, ni de la bandera, ni del español como lengua oficial. Ni siquiera se hace mención de la Monarquía Parlamentaria.

Pero de lo que sí se trata a fondo es de la identidad del alumno, de su educación afectivo-emocional, de la construcción de su conciencia moral…Siento vergüenza ajena por aquellos que renuncian a su conciencia por servir las estrategias políticas, por servir a un proyecto de imposición ideológica. Siento vergüenza ajena por aquellos que defienden una asignatura con la pueril excusa de arremeter contra la “intromisión” de los obispos. Siento vergüenza ajena, finalmente, por aquellos que diciéndose creyentes en la Verdad y el Bien encuentran mil razones para no tener que implicarse.

Ya está bien de servir al sueldo a costa de cualquier cosa. Se hace necesario desafiar a las autoridades para ofrecer a sus entumecidas conciencias siquiera un poco de luz: ningún bienestar económico ni profesional puede asfixiar la conciencia: ni la nuestra, ni la suya. Y esto es lo que proclamamos a gritos los padres de los 3289 alumnos que hemos presentado la declaración de objeción de conciencia frente a la asignatura en la provincia de Toledo.

martes, 23 de octubre de 2007

DUDAS SOBRE OBJECIÓN DE CONCIENCIA FRENTE A EPC


Sábado 27 de octubre, a las 18:00 h, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Campo de Criptana, un grupo de padres del Foro Ciudad Real en Libertad organiza una charla-coloquio con el título

Dudas sobre la Objeción de Conciencia
frente a Educación para la Ciudadanía
ACUDE y saldrás sin ninguna duda para OBJETAR

Con el inestimable apoyo de Profesionales por la Ética

Manuel
Foro Ciudad Real en Libertad
ciudadrealenlibertad@telefonica.net

viernes, 19 de octubre de 2007

LA EUTANASIA Y EL NAZISMO


EUGENIO NASARRE (Diputado del Grupo Popular)

Minuciosamente, paso a paso, se están preparando los caminos para la legalización de la eutanasia. Como anticipo, las Juventudes Socialistas la han propuesto en su programa, adoptado en su último congreso. Bernat Soria, en calculadas declaraciones, ha ido afirmando que es «una asignatura pendiente» a abordar en la próxima legislatura. Hoy, el Congreso debate una proposición de ley presentada por Izquierda Unida que lleva el perverso título «disponibilidad de la propia vida».

Lo que resulta interesante observar es la gran similitud de los argumentos en que se basan quienes postulan hoy la legalización de la eutanasia con los que sostuvieron Hitler y los nazis, cuando la incluyeron junto con la eugenesia como parte esencial de su proyecto ideológico. Los actuales defensores de la eutanasia son, en este punto, herederos directos de las doctrinas nazis sobre la vida y la muerte de los seres humanos.

El argumento principal para justificar la eutanasia es la conveniencia de suprimir «la vida indigna de ser vivida». Resulta curioso que, en una especie de macabro retruécano, sea la apelación a la «dignidad humana» la razón última con la que se pretende legitimar esta clase de «homicidio compasivo». Claro está que, con tal argumento, lo que realmente se está afirmando es que la «dignidad humana» es selectiva, que los seres humanos no la poseen por igual, sino que depende de determinadas condiciones y circunstancias.

El problema que plantea tal afirmación es doble. Por una parte, quién debe decidir qué vida es «indigna de ser vivida» y merece, en consecuencia, su eliminación. Y, por otra parte, qué consecuencias, no sólo para la víctima, sino para el conjunto de la sociedad, se producen si se llega a imponer la tesis de que resulta conveniente y benéfico provocar la muerte a aquellas personas en las que concurren las circunstancias que hacen a su vida «indigna de ser vivida». Las consecuencias son terribles y conducen a la máxima degradación de una sociedad, como sucedió en la Alemania de Hitler.

Tanto en el nazismo como en los que ahora defienden la legalización de la eutanasia, evidentemente la «vida indigna de ser vivida» (y, por lo tanto, eliminable) no es la de los sanos, los fuertes, los inteligentes, los que están pletóricos de facultades. Por el contrario, es la propia de los enfermos, de quienes no pueden valerse por sí mismos, en definitiva, la de los desvalidos e indigentes, la de los que necesitan el auxilio de otras personas para poder vivir. Es curioso que en la proposición de ley de Izquierda Unida no se contempla como supuesto de despenalización «facilitar la muerte digna y sin dolor» (¡así se define el homicidio en el texto!) de quienes gozan de una salud rebosante. Sólo se contempla la despenalización «en caso de enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte» o «le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí misma». Está claro que la eutanasia sólo está pensada para aplicarse a los desvalidos. Y es que irremediablemente la eutanasia no podrá disociarse nunca de la eugenesia. La una conduce a la otra.

Este era el mismo planteamiento sostenido por los nazis. Hitler, en la concentración del partido nacionalsocialista de Nuremberg de 1929, ya afirmó que «como consecuencia de nuestro humanitarismo sentimental moderno, intentamos mantener a los débiles a expensas de los sanos». Hitler no llegó a impulsar políticas favorables a la eutanasia hasta el último período de su gobierno, una vez iniciada la contienda mundial. Pensaba que la sociedad alemana «todavía» no estaba preparada. Pero en 1939, cuando la voluntad del Führer era ya irresistible, expresó al dirigente de los Médicos del Reich «que era justo que se erradicasen las vidas indignas de pacientes mentales graves» (Michael Burleigh, El Tercer Reich). Y a partir de ese año la Cancillería del Führer empezó a autorizar a médicos la práctica de «homicidios compasivos», empezando con los casos de niños nacidos con malformaciones y enfermedades congénitas, tales como síndrome de Down, micro e hidrocefalias, parálisis espásticas y enfermedades mentales graves, alegándose como pretexto las súplicas de padres angustiados. La justificación de la práctica de la eutanasia era presentada por los nazis, sobre todo al comienzo de su implantación, como una respuesta a las demandas de los propios ciudadanos.

También en la exposición de motivos de la proposición de ley de IU se invoca similar justificación. Y saca a relucir una encuesta de la OCU según la cual el 65 por ciento de los médicos y el 85 por ciento de las enfermeras «alguna vez han recibido la petición de un paciente terminal de morir, bien a través de un suicidio asistido o de la eutanasia activa».

Muchos de nosotros conservamos en la retina las imágenes imborrables de la película «Año cero», de Rossellini. Aquel padre, doliente en el lecho, en medio de la miseria y de la degradación de la Berlín devastada al acabar la guerra, que dice a sus hijos: «Soy un estorbo; mejor sería que me muriera». Y aquel hijo, niño todavía, que cuenta la escena a su antiguo preceptor nazi, y que recibe su consejo: «No queda más remedio que sacrificar a los débiles; asume tu responsabilidad». Cuando el padre inicia una recuperación, recibe la droga letal de manos de su hijo.

Los defensores en nuestros días de la eutanasia invocan un presunto «derecho a morir», que debería ser garantizado y protegido por el Estado. El «derecho a morir» se convierte inexorablemente en «derecho a ser matado». Pero, por lo menos hasta ahora, nadie se ha atrevido a postular ese «derecho» con carácter universal, sino sólo en unos determinados supuestos asociados a la enfermedad y a la invalidez. Por lo tanto, la legitimidad de este «homicidio compasivo» requiere el concurso necesario no sólo del ejecutor del homicidio (el verdugo), sino de quien dictamina que quien ha pedido su muerte está incurso en los supuestos contemplados en la legislación. En otras palabras, la eutanasia requiere el concurso de los médicos. Así ocurrió en la Alemania de Hitler. Fueron los médicos integrados en el partido nazi los encargados de la ejecución del programa de eutanasia impulsado por el Führer.

Uno de los pilares de nuestra civilización es el «juramento hipocrático», observado desde tiempos inmemoriales por la profesión médica como núcleo de su código deontológico. El juramento hipocrático contiene esta máxima: «A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada; ni daré consejo con este fin». Los médicos nazis retorcieron de modo espeluznante el texto de Hipócrates, desvinculándolo de la defensa del individuo. ¿También los actuales defensores de la eutanasia enterrarán, como baúl inservible, el «juramento hipocrático»?¿Pretenderán que los médicos se han de convertir en dispensadores de la muerte para hacer efectivo el blasonado «derecho a morir»? ¿No significa todo ello la muerte de nuestra civilización?

jueves, 18 de octubre de 2007

LOS PADRES TOLEDANOS SE REBELAN FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN


Toledo, 17 de octubre de 2007

Esta mañana se han vuelto a entregar en Toledo cerca de 2.000 objeciones de Conciencia que la Delegación de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha había devuelto ilegalmente a los padres de los colegios concertados de la provincia. Estas 2.000 objeciones son parte del número total que Educación y Persona ha ido contabilizando en toda la provincia de Toledo (Ver Anexo I) y que ascendían en septiembre a un total de 3 298.

Este gesto de volver a entregar las objeciones expresa la firme decisión de los padres toledanos de no dejarse amedrentar por las reacciones injustas de la Administración. Otros colegios concertados que no han estado en la entrega de objeciones realizada hoy han comunicado que las entregarán en los próximos días.

Por otro lado, son ya muchos los padres toledanos que están presentando
Recurso de alzada frente a la desestimación de objeciones enviada por la Delegación de Educación (Ver Anexo II).

Los padres toledanos advierten que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y aseguran «los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, no toleraremos que ningún político, ningún cargo público obligue a nuestros hijos a asumir una valores que sólo unos pocos comparten. Lamentamos que la política de la Consejería de Educación y la actitud del nuevo Delegado de Educación en Toledo no sea la del diálogo ni la del entendimiento. En vez de ello, desean confundir a los padres y poner todo tipo de trabas a una oposición cada vez mayor a la materia de Educación para la Ciudadanía. Con ello, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha está demostrando que prefiere trabajar fiel a una ideología totalitaria que defender el derecho de los padres y la libertad. Estas acciones son medidas intimidatorias con las que la Administración intenta entorpecer el derecho constitucional de los padres a elegir la educación moral que deseamos para nuestros hijos».

ANEXO I

DATOS DE OBJECIONES EN TOLEDO

(Actualización de principios de septiembre. Nuestros datos son
Recogidos directamente de los centros. Sólo disponemos información de 60
colegios de la provincia, lo cual significa que el número de objeciones debe ser significativamente superior)

· Toledo ciudad, colegios concertados: 673 Colegios públicos: 114. TOTAL 787

· Talavera colegios concertados. Total: 1322

· Zona de Ocaña (Ocaña, Yepes, Ontígola, Sta Cruz de la Zarza). Colegios concertados 60.
Colegios públicos 316. TOTAL 376.

· Zona de Orgaz (Orgaz, Chueca, Yébenes, Mazarambroz, Sonseca): Colegios concertados 42. Colegios públicos 165. TOTAL 207.

· Zona de La Mancha (Quintanar, Miguel Esteban, Madridejos, Mora, Puebla de Almoradiel, Villanueva de Alcardete, Corral de Almaguer, Mora, Villacañas): Colegios concertados 82. Colegios públicos 257. TOTAL 339.

· Zona de la Sagra (Illescas, Esquivias, Pantoja, Torrijos, Fuensalida, Camarena, Chozas de Canales): Colegios concertados 204. Colegios públicos 32. TOTAL 236.

· Zona del Alberche. Sta Cruz de Retamar (públicos): TOTAL 27.

· Zona de la Jara: Belvis de la Jara (públicos): TOTAL 4

Total de objeciones en los colegios concertados de la provincia de
Toledo: 2383

Total de objeciones en los colegios públicos de la provincia de
Toledo: 915

TOTAL DE OBJECIONES EN LA PROVINCIA DE TOLEDO: 3.298

ANEXO II

PRESIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CASTELLANOMANCHEGA A LOS PADRES OBJETORES FRENTE A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Están sucediendo dos hechos diferentes:

1.- En los centros de enseñanza concertados: Durante el mes de agosto la Delegación de Educación está devolviendo las Declaraciones de Objeción de conciencia a los centros concertados en los que se habían recogido. Esgrimen la excusa de que son necesarios los datos personales de los objetores para poder contestarles y considera inadecuado formalmente haber sido presentadas a través del director del colegio o de la asociación de padres. Se piden las direcciones de los padres objetores y se exige que éstos vuelvan a rellenar las declaraciones de objeción, esta vez dirigidas al Delegado Provincial.

2.- En los centros públicos de enseñanza, a lo largo del mes de septiembre, a los padres objetores en los centros públicos, la Delegación de Educación les está enviando por correo certificado un documento personalizado «desestimando la solicitud de Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía». Esta ilegal desestimación pretende fundamentarse en dos motivos:

-La objeción de conciencia no puede ser ejercida mientras no esté regulada.
-La asignatura en Castilla-La Mancha no se está dando en el presente curso académico por lo que entiende que no tiene sentido tal objeción ahora.

VALORACIÓN JURÍDICA QUE LAS ASOCIACIONES DE PADRES HACEN DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

1.- En el caso de la devolución de objeciones en los CENTROS CONCERTADOS, la
fecha escogida (14 de agosto) y el acto mismo de la devolución demuestran
una vez más
la actitud obstruccionista del gobierno de nuestra Región, que en vez de escuchar a los padres objetores los desprecia e ignora cometiendo al menos tres actos ilegales:

· El gobierno de Castilla-La Mancha vulnera las normas del procedimiento
administrativo devolviendo las declaraciones de objeción de conciencia, (art. 41 de la
Ley 30/1992).

· El gobierno de Castilla-La Mancha vulnera el derecho de subsanación de
defectos (art. 71 de la Ley 30/1992).

· El gobierno de Castilla-La Mancha ignora el derecho fundamental de
libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16 de la Constitución) y el derecho de los
padres a educar a sus hijos según sus convicciones (art. 27.3 , de la Constitución).

Lo que los padres hacen es informar a la Administración sobre su determinación de objetar cuando corresponda; los padres no piden, ni solicitan nada a la Administración. Tampoco ejercen el derecho a la objeción con ese escrito: lo que hacen es comunicar a la Consejería su intención de objetar.

2.- En el caso de la "desestimación" a los padres de los COLEGIOS PÚBLICOS la desestimación de la "solicitud" no tiene fundamento legal alguno: nosotros no estamos solicitando nada, sólo declaramos que vamos a objetar (basta leer el título del impreso que firmamos). La Administración no es quién para conceder o no un derecho. Los derechos no son concedidos por la Administración por lo tanto, se ejercen y punto. La objeción no se hace con esta Declaración sino el día en el que no entra en clase el alumno. Pero lo declaramos antes. Y se puede presentar la declaración ahora porque la ley YA ES VIGENTE aunque la asignatura no se esté dando este curso. La Administración no es quién para decirnos
cuándo debemos avisar.

Finalmente, la Delegación de Educación, siguiendo consignas políticas, miente cuando afirma que la objeción de conciencia no se puede ejercer mientras no esté regulada. Pues la Sentencia 53/1985 del TC, de 11 de abril FJ 14º)afirma lo siguiente: (...) por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales.

miércoles, 17 de octubre de 2007

UNA FARSA PARA VENDER CIUDADANÍA


M. ASENJO. MADRID (ABC, 10 de octubre de 2007)

Todos muy formales y con un libro de Educación para la Ciudadanía de la ESO, el de la editorial SM para más señas, en las manos. Medio centenar de jóvenes asumieron el papel de figurantes y ocuparon los improvisados bancos de un remedo de clase en la castiza plaza de Santa Ana, en pleno centro de Madrid.

En primera fila, Pedro Zerolo, que siempre está a tiro para afrontar las cuestiones más espinosas de su partido, y el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, el diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán.
Los organizadores de la singular clase, que se impartirá en todas las capitales de provincia, no dejaron nada al azar. La profesora, Concha Mateos, que en la vida real enseña Ciencias de la Información y es muy buena comunicadora, como no podía ser menos, dibujó un panorama idílico. Aseguró que el objetivo de Educación para la Ciudadanía es formar en valores y en principios constitucionales, ayudar a los jóvenes a conocer los fundamentos del sistema democrático, sus obligaciones y deberes como ciudadanos.
También se refirió a las posibilidades de la asignatura para inculcar el «valor de la afectividad» y resaltó que entre sus objetivos destaca el que «los niños homosexuales y las niñas lesbianas mejoren su autoestima». Asimismo, «servirá —dijo— para desarrollar la autonomía personal, resolver conflictos de manera pacífica, debatir y tener conciencia crítica sobre lo que nos cuentan los medios de comunicación y para trabajar actitudes como la autoestima o el respeto al pluralismo y a la diversidad».
Acabada su exposición, la primera actriz de esta obra callejera dio paso a las preguntas de los figurantes. Cuestiones minuciosamente preparadas para desmontar las acusaciones de adoctrinadora, antirreligiosa o relativista que recibe la materia.El primer comparsa en tomar el micrófono lamentó los, en su opinión, ataques de la Iglesia a la asignatura y, tras asegurar que era «católico y practicante», preguntó: «¿Estudiar esta materia irá en contra de mis creencias?». Mateos, muy en su papel, le respondió que la asignatura será útil para que los jóvenes sean ciudadanos «más fuertes», lo que les permitirá afianzar mejor su propia religión y sus valores, tomar decisiones bien fundadas y defender sus opiniones y creencias con respeto y valor.
La siguiente pregunta puso al auditorio ante un lacrimógeno dilema. «Tengo 17 años —aseguró la joven que asumió el papel—, estoy embarazada y no sé si abortar. Además, tengo un familiar en estado terminal. ¿Me ayudará la asignatura a resolver mis problemas?».Mateos navegó por el mar de las incógnitas y, en tono tranquilizador, respondió a la supuesta gestante que Educación para la Ciudadanía le servirá para dialogar consigo misma, para buscar una «decisión y enriquecer sus argumentos», porque «a los ciudadanos más maduros les cuesta menos decidir». Y concluyó: «Tu decisión será acertada o no, pero lo importante es que tú la sientas como acertada».Tampoco faltaron las referencias a los libros de texto o a la xenofobia.
Un alumno inquirió sobre si había libros buenos y malos. De nuevo, la inconcreción: «Algunos harán énfasis en unas cosas y otros en otras, pero sobre una base común: la partitura será la misma, pero con interpretaciones distintas», aseguró la profesora, quien también serenó a un inmigrante que se confesaba inquieto por sus hijos.

lunes, 15 de octubre de 2007

LO MEJOR DE CADA CASA







El Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, la organización Alternativa Laica de Toledo y el Grupo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales ‘Bolo-Bolo’ apoyan la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía



En rueda de prensa, el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, Julio César García-Moya, dijo que desde esta organización se considera ‘necesaria’ la puesta en marcha efectiva de esta asignatura, porque hay que seguir apostando por la educación en valores como la diversidad social, el respeto y la tolerancia’.

Por su parte, la presidenta del grupo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Castilla-La Mancha Bolo-Bolo, María José Hernández, dijo que es ‘muy importante que exista una asignatura en valores democráticos y ciudadanos’. Hernández destacó que para que todos los europeos disfruten de los mismos derechos ‘hace falta una educación y una implicación, no sólo de los poderes públicos y de los educadores, sino también de los ciudadanos’.

‘Una asignatura como Educación para la Ciudadanía puede sentar las bases en contra del terrorismo de género, la homofobia, la transfobia o la intolerancia religiosa’, añadió la presidenta de Bolo-Bolo.

HA NACIDO UN NIÑO


... y ha nacido grande y sano. Ha traído la felicidad a sus padres, pero sobre todo la tranquilidad.
Porque el embarazo ha sido un sinvivir desde que un médico equivocara el diagnóstico y dijera a la madre que, a la vista de las ecografías, había una altísima probabilidad de que el niño tuviera síndrome de Down. Esa fue la primera de una serie de negligencias, por decirlo suavemente, que hubieran acabado en aborto, de no ser por la decidida voluntad de los padres. Y la única disculpable, porque de humanos es equivocarse. El resto no tiene justificación posible.
La segunda fue informar a la madre de la supuesta anomalía, cuando ella había manifestado, expresamente y antes de las pruebas, que no quería saberlo, que quería tener a su hijo.
La tercera fue encaminarla decididamente hacia el aborto preventivo, antes de que se cumpliesen las catorce semanas.

Y la cuarta fue perder durante varios días los resultados de las pruebas (amniocentesis y otras) realizadas con posterioridad al primer diagnóstico para ratificarlo o desestimarlo. ¿Pueden imaginarse la angustia de una madre, a la que nuestro sistema sanitario público está empujando a abortar, y a la que, en su momento de mayor duda, se le niega el menor atisbo de esperanza que pudiera venir de unos resultados analíticos?

Ésta es la sanidad que pagamos con nuestros impuestos. Éste es el maravilloso SESCAM, orgullo del gobierno de Castilla-La Mancha, que nos dice que es uno de los mejores sistemas públicos de salud de España. Y ésta es la ética dominante.

Casos como éste nos reafirman en nuestra oposición a un gobierno que trata de imponernos su deshumanizada moral a través de la Educación para la Ciudadanía. Es un ejemplo paradigmático de todos aquellos aspectos de la nueva asignatura que tanto criticamos: relativismo moral; positivismo jurídico; intromisión en las decisiones morales de la familia; desprecio por el más importante de los derechos humanos, el derecho a la vida...

Unos padres, gracias a sus convicciones morales, han salvado la vida de su hijo antes incluso de traerlo al mundo. En unos años, si se llega a consolidar la EpC, a ese niño le enseñarán en la escuela las razones por las que no debió nacer, por las que debería haber sido asesinado en aplicación de unos valores democráticos, comunes, laicos, feministas, progresistas, globales y pacíficos.

¿Somos conscientes de lo que nos jugamos?

Todo esto ha ocurrido en Ciudad Real, en este año de gracia de 2007.

Manuel – Foro Ciudad Real en Libertad

miércoles, 3 de octubre de 2007

RESPUESTA A GREGORIO PECES-BARBA


Miguel Martínez Zancada
Abogado

Bajo el título “Sobre laicidad y laicismo”, el señor Gregorio Peces-Barba ha publicado recientemente un artículo de opinión en el que abiertamente se acusa a Profesionales por la Ética de practicar la manipulación a través de la guía publicada recientemente por esta Asociación bajo el título “Educación para la Ciudadanía: los padres elegimos”. En concreto, el señor Peces-Barba afirma que en la referida guía

se informa de un posible derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura desde dos presupuestos que resultan inexactos por incompletos. Se recoge en el artículo 27.3 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", pero omiten el 27.2, que es el realmente atinente al caso: "... La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Al omitir en el citado folleto este precepto se está manipulando la realidad y limitando la posibilidad de que los destinatarios del folleto, especialmente los padres, tengan un acceso completo a la información.

A la vista de lo anterior, parece ser que, a juicio del señor Peces-Barba, el artículo 27.3 de la Constitución que consagra el derecho fundamental de los padres a decidir sobre la formación religiosa y moral de sus hijos no resulta aplicable en este caso, siendo únicamente de aplicación el artículo 27.2 en la medida en que define unos fines (“la educación tendrá por objeto”) que la asignatura de EpC vendría supuestamente a llenar. Sin embargo, cualquier persona con un poco de sentido común se da cuenta de que esta afirmación del señor Peces-Barba es puramente voluntarista y falsa, ya que no responde en modo alguno a la realidad del Derecho Constitucional vigente en España, sino a la voluntad del señor Peces-Barba de cercenar el derecho fundamental de los padres que les asiste para oponerse a la voluntad manifestada por el Gobierno de entrometerse en el ámbito de la moral personal y de la conciencia de sus hijos a través de la asignatura de EpC.

Es evidente que, en el momento en que una asignatura entra en contenidos de carácter religioso o moral, es aplicable el apartado 3 del artículo 27 de la Constitución, con independencia de que, además, pudieran ser aplicables otros preceptos como el 27.2. Un análisis mínimamente objetivo del Real Decreto que aprueba los objetivos y los contenidos de la asignatura y de la mayoría de los libros de texto de la asignatura aprobados por el Ministerio pone de manifiesto que la asignatura entra de lleno en el ámbito de la formación moral (e incluso de la religiosa, al fomentar un relativismo religioso claramente contrario a las convicciones religiosas de muchos padres españoles), por lo que resulta ineludible la aplicación del citado artículo 27.3.

No puede olvidarse que el derecho reconocido en el artículo 27.3 es un derecho fundamental, y goza en cuanto tal de la máxima protección concedida a esta clase de derechos por la Constitución. Sabe muy bien Peces-Barba, aunque parece querer olvidarlo, que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado en infinidad de oportunidades que no puede hacerse una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales que llegue a vaciarlos de contenido o a vulnerar su contenido esencial. Pues bien, si el derecho fundamental que reconoce el artículo 27.3 no permite a los padres oponerse a que sus hijos reciban una formación moral (y posiblemente también anti-religiosa o laicista) claramente contraria a sus convicciones, ¿cuál es el contenido real de este derecho fundamental? ¿En qué otros supuestos resulta aplicable?, ¿es acaso un precepto ocioso y sin contenido colocado sin embargo en la sección más protegida de la Constitución? El profesor Peces-Barba no plantea ni contesta estas preguntas, sino que, como ya hemos señalado, se limita a afirmar de forma puramente voluntarista y contraria claramente a la Jurisprudencia constitucional que el 27.3 no resulta de aplicación y que Profesionales por la Ética, ya sea por ignorancia o por afán de manipular, está engañando a los padres.

Por otra parte, lo que resulta claramente engañoso es afirmar que a través de la asignatura de EpC el legislador lo único que está haciendo es dar cumplimiento al mandato constitucional recogido en el artículo 27.2 cuando señala que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Prescindiendo aquí de un análisis más profundo del precepto (que nos permitiría afirmar por ejemplo que, a través de EpC no sólo no se está dando cumplimiento al mandato constitucional del citado artículo, sino que en realidad se lo está vulnerando también, al incluirse por ejemplo en los libros de la materia afirmaciones sobre salud reproductiva en materia de aborto que vulneran el derecho fundamental a la vida del artículo 15 de la Constitución), lo que resulta evidente es que se pretende imponer una interpretación determinada de lo que son los principios democráticos de convivencia y del contenido de los derechos y libertades fundamentales, lo cual choca frontalmente con el propio derecho fundamental a la libertad ideológica y de conciencia.

A continuación acusa a Profesionales por la Ética de citar de forma parcial dos Sentencias de Tribunal Constitucional, de modo que se estaría desfigurando el verdadero sentido de la objeción de conciencia en nuestro ordenamiento que, a su juicio no ampararía ni a los padres que no quieren que sus hijos cursen la asignatura ni a los propios alumnos que no quieren que les adoctrine el Gobierno como si fueran borregos. En este sentido hay que señalar en primer lugar que la acusación de citar de forma parcial podría aplicársela el mismo profesor Peces-Barba, ya que en al final del séptimo párrafo de su artículo cita parcialmente el artículo 16.3 de la Constitución, con la intención evidente de ocultar su verdadero contenido. Así, el artículo 16.3 señala que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” El profesor Peces-Barba sólo cita en su artículo que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero omite el deber de colaboración con las confesiones y, en especial con la Iglesia Católica.

Entrando ya en la cuestión de si el derecho a la objeción de conciencia resulta aplicable a EpC, con independencia de que el Gobierno no haya querido reconocerlo en la Ley, parece razonable afirmar que éste derecho a la objeción puede deducirse de una aplicación razonable de los artículos 16.1 (que garantiza la libertad ideológica y religiosa) y 27.3, que ya hemos analizado. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre esta materia, por lo que resulta de todo punto inaceptable negarlo de una forma tan categórica como lo hace el profesor Peces-Barba.

Finalmente, parece que el profesor asume y hace suyas las amenazas del Gobierno a las familias que se oponen a que sus hijos cursen la asignatura, al afirmar que no podrán obtener los títulos académicos oficiales. Para responder a esta afirmación no es necesario acudir a argumentos jurídicos, sino de puro sentido común: ¿cree usted que una sociedad puede admitir que un alumno con unas calificaciones excelentes en todas las materias y objetor contra EpC no reciba el título de Graduado Escolar o de Bachiller mientras que, en virtud de la recientísima norma aprobada por el Gobierno, otro alumno que ha pasado de curso varias veces con cuatro suspensos sí recibe su título? Una respuesta afirmativa a esta pregunta revelaría al mismo tiempo un desprecio absoluto por el sentido común, un insulto a la inteligencia de los españoles y un vivo afán de totalitarismo y de dominio de las conciencias.

Podría extenderme mucho más para rebatir la interpretación histórica en la que se explaya el profesor Peces-Barba, en la que asocia, de modo gratuito a mi juicio, la Ilustración y la laicidad (que en su caso no es más que un burdo laicismo) como si hubieran ido siempre de la mano a lo largo de la Historia y fueran necesarias para el progreso, sin embargo, el espacio no me lo permite. Diré para terminar, sin embargo, que no deja de ser su interpretación personal de la Historia, interpretación que el profesor Peces-Barba, de acuerdo con su carácter, pretende imponer con el dogmatismo y odio a la Iglesia Católica del que ha hecho gala a lo largo de toda su trayectoria.