viernes, 20 de febrero de 2009

Frente al adoctrinamiento, libertad


Los objetores a Ciudadanía presentan nuevas vías de actuación tras las sentencias del Supremo


Madrid, 20 de febrero de 2009. Cuando a principios del presente curso escolar Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, aseguró que no había ningún problema con Educación para la Ciudadanía, no sabía (o no quería saber) la que se venía encima. Educación para la Ciudadanía ha protagonizado intensos debates judiciales, ha promovido la mayor movilización de padres de la historia de España y, tras las 4 sentencias del Tribunal Supremo sobre el derecho a objetar, ha quedado maltrecha.

En este contexto, cinco representantes de 67 plataformas de padres objetores de diferentes puntos de España han comparecido ante los medios de comunicación para exponer su postura y las líneas de actuación que van a seguir tras conocerse el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo.

La primera persona en intervenir ha sido Mariví Urbina, de la Plataforma Educa en Libertad Madrid-Noroeste, quien ha recordado que las sentencias del Tribunal Supremo abren un nuevo escenario para los objetores a Educación para la Ciudadanía y ese era el motivo de comparecer ante la prensa.

A continuación ha hablado Marisa Pérez Toribio, de Soria Educa en Libertad, quien ha expuesto las líneas básicas de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo. Pérez Toribio ha recordado que el motivo de objetar al conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) es el carácter ideológico y adoctrinador de este conjunto de asignaturas.
«Es cierto», ha asegurado, «que las cuatro sentencias deniegan la posibilidad de objetar en esos cuatro casos pero es igualmente cierto que indican el camino a seguir a los padres que quieran educar en libertad». Pérez Toribio ha recordado que las sentencias afirman que impartir EpC no autoriza a la Administración ni a los centros ni a los profesores a inculcar puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que son controvertidas en la sociedad española.
«Una vez conocidas las 4 sentencias del Supremo, se ha pretendido silenciar la voz de los padres dando cabida, casi en exclusiva, a las declaraciones del Gobierno y los defensores de esta asignatura tratando de transmitir una situación de punto final y de normalidad que dista mucho de ser real. Por eso hemos decidido convocar hoy aquí a todos los medios y aclarar cuál es la postura de los padres objetores una vez conocida la Sentencia».

Estamos aquí como padres y madres de familia, miembros además de plataformas que se han ido creando de forma espontánea para informar, asesorar, representar y siempre acompañar a esos miles de padres que se han ido poniendo en contacto con nosotros, uno a uno, cada uno con su situación particular, respetando siempre, y por encima de todo, como deberían hacer las autoridades educativas y el gobierno, la libertad de cada padre y el derecho a decidir, en cada caso, la mejor forma de defender a sus hijos frente a la intromisión ilegítima de este gobierno en el derecho a decidir la formación moral, y en su caso religiosa, de sus hijos.

Todos los padres compartimos el objetivo final, y lucharemos por alcanzarlo utilizando, cada uno, los medios que tengamos a nuestro alcance, sin descartar ninguno, en función de las situaciones concretas de cada cual. Las dificultades no nos hacen arredrarnos. Muy al contrario, es una realidad que el movimiento objetor sale reforzado y el objetivo final de los padres, que no es la objeción en sí misma, se nos presenta ahora como una realidad mucho más alcanzable, aunque por un camino complicado y puede que largo. No olvidemos que el Consejo de Estado, en su dictamen de diciembre de 2006 sobre los reales decretos que desarrollaban las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en ESO ya advirtió al Gobierno que «no debían imponerse valores diferentes a los de la propia Constitución Española». El gobierno hizo caso omiso de esa recomendación y ahora el Tribunal Supremo le dice lo mismo: EpC no puede ser un pretexto para adoctrinar. «La libertad», ha concluido Pérez Toribio, «se defiende ejerciéndola; eso es lo que hemos hecho y eso es lo que a partir de ahora seguiremos haciendo».

Por su parte, María Emilia García de Blanes, de la Plataforma Córdoba Educa en Libertad, ha afirmado que el Tribunal Supremo ha proporcionado nuevas vías jurídicas para defenderse del adoctrinamiento escolar. Estos nuevos caminos son básicamente dos:
  • Posibilidad de solicitar que se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria si esta invadiera el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral.
  • Paralizar la impartición de las asignaturas mediante recurso ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo si se demuestra que hay adoctrinamiento en el proyecto educativo y en los textos que se utilizan. En este punto, García de Blanes ha aclarado que el proyecto educativo no son solamente los libros de texto sino también los materiales didácticos obligatorios, las charlas y actividades escolares obligatorias e incluso los exámenes que pretendan evaluar a los alumnos en un sentido adoctrinador en lugar de evaluar conocimientos objetivos.

García de Blanes ha aclarado que las nuevas vías de actuación por la libertades de enseñanza, ideológica y de conciencia no interrumpen en absoluto los recursos jurídicos relativos al derecho de objeción a EpC. «En el caso de las sentencias del Supremo», ha afirmado, «y siempre que los padres lo deseen, se recurrirá en el Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el resto de casos de objeción, los padres decidirán que quieren hacer; de momento, los 278 fallos judiciales (entre sentencias y Autos de medidas cautelares) siguen su curso, amparan a los objetores y probablemente lleguen al Supremo dando lugar a nuevas sentencias».

Por su parte, Inmaculada López Rodríguez, de la Plataforma Segovia por una Educación en Libertad, ha exigido a las administraciones educativas que apliquen estrictamente las sentencias del Tribunal Supremo en el sentido de garantizar la neutralidad ideológica en los centros públicos de enseñanza. Concretamente, ha propuesto que las consejerías de Educación informen a los centros públicos, mediante circular o instrucción, del alcance de las sentencias del Tribunal Supremo en lo relativo a la neutralidad ideológica en la enseñanza de todas las materias escolares obligatorias de manera que no introduzcan criterios éticos controvertidos en la sociedad. También ha reivindicado que los Inspectores de Educación deberán supervisar la práctica educativa de los centros públicos, con objeto de cumplir las sentencias. En el mismo sentido, la representante de la Plataforma Segovia Educa en Libertad, ha asegurado que esta gran movilización social a favor de la objeción servirá, en el futuro, para que los padres se impliquen más activamente en las políticas educativas que afecten a sus hijos. «Es hora de que los padres intervengan responsablemente en el debate educativo, que hasta ahora ha estado en manos de partidos políticos y administraciones educativas a menudo indiferentes a los derechos constitucionales de los padres en materia de educación y libertad».

El turno de intervenciones lo ha cerrado Mª Jesús Aranda, de la Plataforma Xq Te Callas de Talavera de la Reina. En nombre de las plataformas de padres objetoras presentes y representadas en esta rueda de prensa ha recordado que el conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía ha suscitado una amplia e intensa polémica social. Esta anomalía, impropia de un sistema educativo avanzado, requiere la contribución de todos los actores implicados para la búsqueda de una solución justa desde el respeto y a través del diálogo sincero.

«Con este motivo», ha asegurado, «las plataformas de padres nos hemos constituido por todo el territorio nacional, de manera espontánea, como respuesta ciudadana, responsable y comprometida a lo que consideramos un atentado a nuestros derechos civiles. El vínculo que proporciona unidad a todas las plataformas es únicamente el compromiso compartido con la defensa de la libertad de educación y los derechos de los padres como primeros y principales educadores de sus hijos. Nuestra finalidad como plataformas de padres defensores de la libertad de educación no se acaba en el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia, pretendemos el restablecimiento del equilibrio de derechos y deberes que ha alterado la implantación del mencionado bloque de asignaturas.

Demandamos, para recuperar dicho equilibrio, las oportunas modificaciones en las enseñanzas mínimas obligatorias de Educación para la Ciudadanía. Estas modificaciones no se refieren sólo a los contenidos específicos de los diferentes bloques de contenidos -en algunos casos rechazables por no tratarse de principios comunes constitucionales-, sino fundamentalmente a lo que afecta a los objetivos y criterios de evaluación de las materias. Creemos necesario que esta imposición de objetivos y criterios de evaluación, así como la reducción de contenidos propios que son asignados a Educación para la Ciudadanía, no altere las tradicionales asignaturas de Ética y de Filosofía, que consideramos imprescindibles para los alumnos en su desarrollo como personas íntegras y, por consiguiente, como buenos ciudadanos.

Para finalizar, Mariví Urbina ha invitado a los presentes a asistir al II Encuentro Nacional de Objetores a EpC que se celebrará el 28 de febrero en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

jueves, 5 de febrero de 2009

EpC: punto y seguido


Pedro Peral, artículo publicado en La Tribuna de Ciudad Real, 1-2-09


En esta hermosa reivindicación de la libertad que están planteando miles de madres y padres ante la ingerencia de la Administración educativa en ámbitos éticos y morales de la educación de los jóvenes, reservados constitucionalmente a las familias, acaba de finalizar la primera batalla de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).

El fallo del TS, niega el derecho a objetar, pero recae sólo sobre los cuatro casos juzgados de Asturias y Andalucía. Por tanto, no afecta directamente a otros padres con recursos presentados en los tribunales. Y las medidas cautelares concedidas por los jueces siguen en vigor mientras no se dicte sentencia o sean revocadas. Por tanto, esos niños siguen sin cursar la asignatura, amparados por los juzgados y tribunales. Son más de 52.000 objetores y casi 2.000 recursos judiciales.

La sentencia no se conocerá hasta dentro de unos días, pero del contenido del fallo publicado se deducen argumentos jurídicos fundamentados para acudir al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos. La jurisprudencia y los tratados internacionales avalan la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.

Según lo publicado, no se permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales. No cabe ni la ideología de género, ni la cultura de la muerte ni la apología del mundo homosexual, sintetizados en el siguiente mensaje: la identidad sexual puede «desconstruirse» y la masculinidad y feminidad no son más que «roles de géneros construidos socialmente». Con ello, ya no son dos, sino seis los sexos y ocho o más las «formas de matrimonio».

A estas aberraciones se añade el contenido de algunos manuales. Por ejemplo, en Aragón, uno de ellos sentencia que la verdad no existe, es fruto del consenso; cuando la realidad/verdad se acepta o no, pero no se inventa.»Es preciso que los jóvenes sean injustos con los hombres maduros. Si no, los imitarían y la sociedad no progresaría», establece otro. Tela marinera.
Ante estas concepciones anti natura del ser humano, la mayor responsabilidad recae sobre los padres; deben esforzarse por conocer los manuales de la EpC y las explicaciones de los profesores: si no respetan los valores de la Constitución. Habrá que acudir, con pruebas, al juzgado, con el asesoramiento de distintas organizaciones, desde la más próxima, como el «Foro Ciudad Real en Libertad», hasta otras de alcance nacional, como la Asociación de profesores «Educación y Persona», ¿X Q te callas? CONCAPA, «Profesionales por la Ética», Hazte Oír y Foro de la Familia.

En contra de las afirmaciones difundidas en algunos medios, el fallo no pone punto y final a la «guerra»; es sólo «un punto y seguido».

lunes, 2 de febrero de 2009

Entrevista a Manuel Martín-Gaitero


Decían los filósofos griegos que «la ciudadanía es la condición por la que el hombre puede, en lugar de limitarse a vivir, aspirar a llevar una vida buena». Sin embargo, la obligatoriedad a cursar la asignatura que lleva en su enunciado esta cualidad ha levantado ampollas en distintos sectores de la sociedad. Tras la sentencia del Supremo, que no reconoce el derecho de los alumnos de objetar a Educación para la Ciudadanía (EpC), los portavoces del Foro Ciudad Real en Libertad y del sindicato ANPE, Manuel Martín-Gaitero (M.M-G., a la izquierda de la imágen) y Juan Carlos Illescas (J.C.I.), hablan para La Tribuna sobre esta controversia.

¿Cómo han acogido la sentencia del Tribunal Supremo?

M.M-G.: En principio, con decepción porque el fallo no es desfavorable. No obstante, estamos a la espera de conocer el texto completo de la sentencia. El Gobierno se ha lanzado a celebrarla, pero creo que es mucho más compleja y que esconde letra pequeña. Es posible que la asignatura tenga que ser modificada en su planteamiento actual.

J.C.I.: Cuando vimos que se empezó a generar la polémica, sabíamos que en caso de que se optara por la vía judicial esto iba a terminar así. Esperábamos que se diera el visto bueno, por la capacidad que tiene el Gobierno de legislar sobre las materias curriculares. Pero, entendemos que muchos contenidos transgreden las cuestiones menos constitucionales y que deben ser detallados y planteados de una manera más exacta, sin dar tanta libertad a la improvisación.

¿Por qué no es válida Educación para la Ciudadanía?.

M.M-G.: Enseñar en los colegios la Constitución, educar en valores y en derechos humanos, así como en la convivencia cívica, está bien. Lo que no estamos de acuerdo es que se pueda entrar en juicios éticos, en cuestiones morales, en creencias, en formas de interpretar el mundo, la política, la vida y las relaciones humanas en unos términos que son exclusivos del Gobierno, pero que no son compartidos por la totalidad de la sociedad. En la medida en que se apropia del derecho que tenemos los padres a elegir en qué valores educamos a nuestros hijos, supone una intromisión y un abuso impropios de un sistema democrático.

J.C.I.: Cuando se está elaborando la asignatura, nosotros dijimos que era innecesaria en tanto en cuanto incluye contenidos integrados en Conocimiento del Medio, Filosofía o Geografía e Historia. Tras la normativa de la LOE, los docentes nos vimos obligados a acatarla, pero teniendo en cuenta la ética. Somos profesionales con libertad de cátedra y tenemos que respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos como más razonable les parezca. Las cuestiones de componente moral debemos obviarlas y dejar a los padres que asuman este reto. Una de mis grandes demandas es que nos dejen ser profesores y no nos exijan ser los educadores sustitutivos de las familias.

¿Consideran que existe una tendencia a dejar la mayor parte del peso de la Educación de los hijos sobre la escuela?

M.M-G.: La tendencia social a la comodidad, a que nos den todo hecho, es cada vez mayor; al igual que la inercia a que el Estado nos resuelva todos los problemas. Cuando no sabemos lidiar con los hijos, se tiende a echar balones fuera, cuando hay que ser responsables de su educación.

J.C.I.: Cada día es mayor la demanda para que instruyamos, eduquemos, formemos e informemos a toda la banda social. Es más cómodo para la sociedad eludir esa responsabilidad y señalarnos como los únicos y últimos responsables de esas cuestiones. Es un error y desde hace mucho tiempo venimos haciendo llamamientos muy serios para que haya una mayor confraternización entre padres y profesores para dar una respuesta más adecuada a las necesidades de los alumnos. Nosotros no educamos, somos parte del proceso formativo.

Manuel, ¿qué valores cree que se ponen en juego en EpC?

M.M-G.: Por ejemplo, el modelo de Estado del Bienestar llevado hasta sus últimas consecuencias cuando es el protagonista de todo. No estamos de acuerdo con eso y una persona con ideas políticas liberales debe estar radicalmente en contra del planteamiento que se hace del papel del estado en la asignatura. Tampoco vemos bien que se dedique una buena parte de ella a la formación afectiva, emocional, a los sentimientos, a las relaciones sociales o a la construcción de la personalidad de los niños. Nos estamos metiendo en temas que incuben a la privacidad y a la esencia de cada uno. Además, es paradójico que la asignatura hable mucho de Constitución y de derechos humanos cuando vulnera el derecho que tenemos los padres. Es una asignatura hipócrita: haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago.

Juan Carlos, desde ANPE opinan que ahora es el momento de rediseñar los contenidos de EpC. ¿En qué aspectos falla? ¿Se entromete en cuestiones morales?

J.C.I.: Yo confío en la profesionalidad de los docentes y lo único que me importa es que si esta asignatura está creando polémica entre grupos de padres, por mucho que este avalado por el Ministerio de Educación y Ciencia, creo que no es un libro de consenso, no es el más adecuado. Hay gente que se está escandalizando y la Educación no es eso, es una tarea de todos en la que tenemos que partir de la base de que tiene que haber un interés último centrado en formar las mejores generaciones posibles de alumnos. Tenemos un índice de abandono del sistema educativo en Castilla-La Mancha del 39 por ciento, el tercero más alto de España. Es el momento de poner la atención sobre cuestiones más importantes.

M.M-G.: En quinto de Primaria, donde se incluye desde este año EpC, ponen dos horas de la asignatura para niños de 11 años en detrimento de una hora de Lengua y de otra de Matemáticas. Es descabellado, porque es donde los escolares españoles no están dando la talla.
¿Por qué creen que se está expulsando lentamente a la Filosofía y reduciendo, en general, la presencia de las Humanidades de la Enseñanza?

J.C.I.: La sociedad evoluciona y los focos de interés que se generan en los distintos momentos que se viven van configurando la necesidad de un currículo distinto. Hay algunos docentes que consideran que hay que potenciar las capacidades del alumnado para que puedan ser masa crítica y otros que creen que es mejor no ayudarle a pensar. La LOGSE marcaba esa senda, que radicaliza la LOE.

M.M-G.: Tradicionalmente, se ha buscado una formación humanística como forma de garantizar ciudadanos críticos y con sentido de llegar a su propia filosofía. Sin embargo, ahora se trabaja más el corto plazo. Con EpC para qué van a ahondar en otros conceptos de la vida, si ya hay uno legitimado por un sistema democrático.

El Foro Ciudad Real en Libertad recurrirá la sentencia del Supremo al Constitucional, mientras que ANPE cree que este debate desvía la atención de los auténticos problemas del sistema educativo. ¿Qué sentido tiene seguir con esta cruzada?

M.M-G.: Por el momento, van a recurrir los padres que han perdido el juicio. No vamos a dejar que ningún Tribunal nos expropie a nuestros hijos, porque su educación es responsabilidad nuestra. Así lo dice la Constitución y el Código Civil, por eso no vamos a renunciar. La objeción puede no ser el camino correcto, pero vamos a seguir luchando en todos los frentes. El más importante de todos es el debate social, que debería haberse producido hace tres años, antes de la aprobación de la LOE, cuando no había nada impuesto.

J.C.I.: ANPE no va a animar ninguna cruzada, está proponiendo soluciones a un sistema que está carente de iniciativas o que, simplemente, no las aplica. De ahí, el alto índice de fracaso escolar. Ninguna de las reformas que se han hecho, siete desde que empezó la Democracia, han contado con el consenso de toda la sociedad ni ha escuchado la opinión de los profesionales de la Educación. Tenemos un sistema en crisis, que no levanta cabeza y que está abocado a la extremaunción.


La Tribuna de Ciudad Real, 1 de febrero de 2009

domingo, 1 de febrero de 2009

Comunicado sobre la sentencia del Tribunal Supremo

La plataforma de padres objetores Foro Ciudad Real en Libertad quiere salir al paso de las informaciones confusas, cuando no falsas, ofrecidas en rueda de prensa por la Delegada Provincial de Educación.

1º La reciente sentencia del Tribunal Supremo no afecta directamente a los padres con recursos presentados en los tribunales. Debemos esperar la sentencia en cada caso, que puede seguir o no la misma línea que el tribunal Supremo.

2º Las medidas cautelares concedidas por los jueces siguen en vigor mientras se dicte sentencia o sean revocadas. Por tanto, esos niños siguen sin cursar la asignatura, amparados por los juzgados y tribunales.

3º Esta Asociación tiene conocimiento de, al menos, 14 medidas cautelares concedidas a niños de Ciudad Real, Villarrubia, Torrenueva y Almagro.

4º El juzgado de lo contencioso administrativo de Ciudad Real ha adoptado el criterio, razonable, de no conceder medidas cautelares a los niños que no están cursando la asignatura. Sin embargo a nivel nacional, los juzgados y tribunales han concedido masivamente medidas cautelares sin distinción entre niños que cursan y niños que aún no cursan las polémicas asignaturas.

5º Los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades, recurriendo a la picaresca, están intentando confundir a los jueces, haciéndoles ver que no existe Educación para la Ciudadanía en 4º de ESO. La LOE y sus decretos de desarrollo no dejan lugar a duda: tanto Educación Ético-Cívica de 4º de ESO como Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato forman parte del área “Educación para la Ciudadanía”. Lo intentaron a principios del curso en Albacete, hasta que el juez se dio cuenta y procedió a conceder las medidas cautelares inicialmente denegadas. Ahora están intentando la misma maniobra ante el juzgado de Ciudad Real.

6º Hay que esperar a conocer el texto íntegro de la sentencia del Supremo para valorar todas las consecuencias de la misma. Se espera que incluya recomendaciones al gobierno para que modifique los contenidos de la asignatura para adecuarla a los límites constitucionales. También es posible que se deje la puerta abierta a nuevas situaciones que hagan procedente la objeción, en tanto no se modifiquen los contenidos actuales de la asignatura.