EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN LOS JUZGADOS

Miles de padres han recurrido el desarrollo autonómico de EPC en los tribunales superiores de Justicia de varias comunidades autónomas

La batalla judicial contra Educación para la Ciudadanía (EpC) ha comenzado en Andalucía, pero se ha extendido con rapidez a Asturias, Cataluña y País Vasco. Y es solo el comienzo de un previsible laberinto de decisiones y recursos que no acabarán hasta que los padres vean reconocido su derecho fundamental a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones. Veintidós mil objeciones de padres conscientes así lo demuestran: están dispuestos a no cesar en la defensa de su irrenunciable derecho a la educación ante un Estado invasor. Hasta el momento, ningún tribunal ha dictado sentencia sobre EpC.

José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética ha analizado cuál es la situación de cada comunidad autónoma ya que se trata de recursos interpuestos por los padres contra los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura Educación para la Ciudadanía. Estos recursos son presentados ante los tribunales superiores de justicia correspondientes porque los padres consideran que vulneran su derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y su libertad ideológica.

En el caso de Andalucía, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha tratado desesperadamente de frenar el curso normal del procedimiento, alegando ante el Tribunal, que no debía ser tramitado por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, sino por el procedimiento ordinario, ante lo que el Tribunal consideró que existía apariencia de vulneración de tales derechos en medida suficiente para la admisión a trámite del recurso interpuesto a través del procedimiento especial.

En Cataluña, más de 1000 padres se han adherido al recurso presentado por la Fundación Abat Oliba, E-Cristians y Juristes Cristians al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra EpC; en los próximos días se espera que aumente el número de padres recurrentes. Dicho Tribunal dictó el pasado 28 de noviembre un auto que se aparta del criterio de los tribunales de Asturias y Andalucía, al tramitar el recurso por el procedimiento ordinario, y no por el especial.

En el País Vasco, los padres también han recurridos los decretos autonómicos que desarrollan EPC. El Gobierno de Navarra también ha anunciado su intención de recorrer esta normativa debido a que la normativa del País Vasco afirma que uno de los objetivos educativos es construir Euskal Herria, incluyendo a Navarra.

En Asturias, el recurso de los padres ante el Tribunal Superior de Justicia ha logrado un primer éxito: mientras se resuelve y no, el tribunal permite la ausencia de los objetores de clase de EPC.

Son cientos los recursos administrativos interpuestos hasta el momento, que con toda probabilidad, acabarán transformándose en recursos judiciales ante las resoluciones denegatorias de las autoridades educativas autonómicas, especialmente si EpC se extiende a las 10 Comunidades (más Ceuta y Melilla) que no la han impartido en 2007-08. Es de esperar que, por su parte, los servicios jurídicos (tanto de la Administración estatal como de las comunidades autónomas que apoyan EpC) intensifiquen sus esfuerzos para sacar la asignatura del atolladero judicial en el que se encuentra.

En este proceso, al margen de los recursos judiciales contra los contenidos de EPC, prosiguen las objeciones de padres frente a la asignatura. El número ronda las 22 000 aunque, según fuentes de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, las objeciones registradas siempre son menos de las reales. No obstante, todas las previsiones apuntan a que las objeciones se incrementarán considerablemente a partir de enero ya que en el presente curso solamente se está impartiendo EPC en siete comunidades autónomas.