El Tratado de Lisboa confirma el derecho a la objeción de conciencia y a la libertad de educación
En un análisis titulado Los políticos y la asignatura Educación para la Ciudadanía en el año 2007, PROFESIONALES POR LA ÉTICA repasa la actitud que han tenido las principales fuerzas políticas respecto a la polémica materia curricular y la reacción suscitada contra ella.
En este debate han tenido singular protagonismo los padres de familia que han optado por la objeción de conciencia (en torno a 22 000 registradas hasta la fecha) como vía legítima de resistencia a lo que consideran una intromisión del poder en su derecho constitucional a la libre educación de la conciencia moral de sus hijos.
En un análisis titulado Los políticos y la asignatura Educación para la Ciudadanía en el año 2007, PROFESIONALES POR LA ÉTICA repasa la actitud que han tenido las principales fuerzas políticas respecto a la polémica materia curricular y la reacción suscitada contra ella.
En este debate han tenido singular protagonismo los padres de familia que han optado por la objeción de conciencia (en torno a 22 000 registradas hasta la fecha) como vía legítima de resistencia a lo que consideran una intromisión del poder en su derecho constitucional a la libre educación de la conciencia moral de sus hijos.
Estos padres objetores recibían, cuando 2007 estaba a punto de cerrarse, un importante balón de oxígeno en una lucha que puede ser larga. Se trata del recientísimo Tratado de Lisboa, firmado por el Consejo Europeo el pasado 13 de diciembre. Este acuerdo ratifica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incorporando así dos compromisos fundamentales para el movimiento objetor.
Por una parte, el artículo 14.3 del Tratado recoge el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Por otra, el artículo 10.2 reconoce expresamente el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.
El análisis realizado por PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerda el desprecio del Presidente de Gobierno hacia los objetores, especialmente las madres, el impulso que el vídeo de las Juventudes Socialistas ha proporcionado al movimiento opositor a EPC y la última iniciativa de la Junta de Andalucía, que impone a los centros educativos de esta Comunidad «una persona responsable de coeducación» que impulse la igualdad de género con el fin de «promover el respeto a la libre orientación sexual».
La actitud del Partido Popular respecto a EPC y los padres objetores también merece la valoración de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, que recuerda que Mariano Rajoy no se ha dignado a recibir a ningún representante del movimiento objetor y que hasta ahora algunos dirigentes populares se han limitado a criticar EPC sin tomar ninguna iniciativa real de apoyo a los padres objetores. PROFESIONALES POR LA ÉTICA revela además que el Ministerio de Educación y Ciencia ha impugnado los decretos de desarrollo de EPC de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP por considerar que no se ajusta a los contenidos mínimos de la asignatura exigidos por la ley.
El análisis realizado por PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerda el desprecio del Presidente de Gobierno hacia los objetores, especialmente las madres, el impulso que el vídeo de las Juventudes Socialistas ha proporcionado al movimiento opositor a EPC y la última iniciativa de la Junta de Andalucía, que impone a los centros educativos de esta Comunidad «una persona responsable de coeducación» que impulse la igualdad de género con el fin de «promover el respeto a la libre orientación sexual».
La actitud del Partido Popular respecto a EPC y los padres objetores también merece la valoración de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, que recuerda que Mariano Rajoy no se ha dignado a recibir a ningún representante del movimiento objetor y que hasta ahora algunos dirigentes populares se han limitado a criticar EPC sin tomar ninguna iniciativa real de apoyo a los padres objetores. PROFESIONALES POR LA ÉTICA revela además que el Ministerio de Educación y Ciencia ha impugnado los decretos de desarrollo de EPC de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP por considerar que no se ajusta a los contenidos mínimos de la asignatura exigidos por la ley.
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