En Castilla-la Mancha se han presentado ya 9.312 objeciones
Ciudad Real, 26 de noviembre de 2008. Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha
despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.
El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado en España 50.420 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos). En el caso de Castilla-La Mancha el número de objeciones asciende a 9.312, correspondiendo 638 a la provincia de Ciudad Real. Hoy mismo, un total de 31 plataformas o asociaciones de padres están presentando a los medios de comunicación los datos autonómicos de objeciones y recursos judiciales en 21 ciudades. Las más de cincuenta mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos.
«Durante los últimos meses», han asegurado, «los objetores hemos sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que sólo somos ciudadanos que exigimos respeto a nuestra posición y a nuestros hijos. Nada más».
Los portavoces de estas plataformas se han referido también a la situación judicial relacionada con las objeciones a Educación para la Ciudadanía. «La intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción. Concretamente en Castilla-La Mancha se han presentado 344 recursos y los juzgados provinciales de lo contenciosoadministrativo han dictado 12 autos de medidas cautelares que eximen a más de un centenar de niños de cursar la polémica asignatura. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores (entre sentencias y autos de medidas cautelares).
El incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables. «Los datos que hoy presentamos», han afirmado, «consolidan el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional: ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo».
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