jueves, 13 de noviembre de 2008

CIUDADANO ESTÁNDAR

En el debate actual sobre la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, sus defensores acostumbran a reducir el conflicto a la disconformidad con algunos de sus contenidos por parte de quienes nos oponemos a su planteamiento actual. A partir de esa simplificación, se nos etiqueta y descalifica en función de los contenidos rechazados.

El problema es más grave. Lo peor de EpC no son sus contenidos, por más que algunos sean discutibles, rechazables e incluso escandalosos. Lo peor de esta Ley Orgánica de la Educación, al imponer EpC, es que sienta las bases para que el Estado condicione el crecimiento personal de los ciudadanos, hasta en su conciencia moral, en sus creencias, en su carácter y en su afectividad.

Cuando se abrió este debate, hace tres años, los partidarios de EpC negaban este extremo. En los últimos meses, personalidades tan destacadas como Peces Barba, J.A. Marina o J. Valverde (ex consejero de Educación de CLM, en el debate en las Cortes Regionales del 17-04-2008) han reconocido abiertamente el propósito de establecer, a través de EpC, una nueva moral pública que reduciría la moral individual al ámbito privado. Este propósito de construcción de la conciencia moral quedó claramente reflejado en el Real Decreto 1631/2006 que fija los contenidos mínimos, objetivos y criterios de evaluación de este grupo de asignaturas.
Con la excusa de que la Educación debe perseguir la formación integral del alumno, el Gobierno actual aprovecha para incorporar a EpC ingredientes como la competencia emocional, la educación de la afectividad, las pautas de relación social del niño, la orientación sexual… prescindiendo del criterio y la responsabilidad de los padres en estas materias.

Por otra parte, camuflados como valores comunes, se intenta inculcar a los alumnos el laicismo, el relativismo ético, el positivismo jurídico, la ideología de género y una visión simplista e interesada del proceso de construcción de los Derechos Humanos, que desembocan en una ética concreta que se nos presenta como universal.

Para entenderlo fácilmente, según este planteamiento la familia entrega al Estado la materia prima: un niño o niña de 10 años (EpC empieza en 5º de Primaria), cuanto menos maduro mejor. El Estado le incorpora todos los ingredientes necesarios: conocimientos formales, pautas de comportamiento social-afectivo-emocional-sexual, criterios éticos, conciencia moral y política, etc. A los 17-18 años, finalizado el proceso, lo entrega a la sociedad, convertido en un perfecto Ciudadano Estándar, políticamente correcto, moderadamente crítico, identificado con el sistema que le ha educado, independiente de la familia que le trajo al mundo (excepto en lo económico) y, por supuesto, laicista, progresista y “moderno”.

Confiemos en que este Estado, que viene fracasando desde hace décadas en el objetivo de dar a los niños una educación de calidad (basta con leer los estudios internacionales y ver dónde queda España), fracase ahora en el propósito de formar ciudadanos a su medida. Si el intento prospera, podemos imaginar los resultados. Abundan los precedentes históricos en que un gobierno ha usurpado el papel educador de la familia, creando modelos humanos estándar, para conseguir diluir la verdadera sociedad en un estado totalitario: la Alemania nazi, la Italia fascista, el comunismo a lo largo y ancho de medio mundo o los países islámicos en que la religión se confunde con el estado. Tampoco faltan ejemplos en la Historia reciente de cómo una democracia puede evolucionar hacia un régimen totalitario a través de su propia degeneración.

Por ello, es preciso defender el protagonismo y la responsabilidad de la familia en la educación de sus hijos, así como el papel subsidiario del Estado garantizando el derecho de todos los ciudadanos a la Educación. Vamos, lo que dicen la Declaración Universal de DDHH, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española.

Esperamos de los responsables políticos en materia educativa que dediquen EpC a enseñar a nuestros hijos la Constitución y los Derechos Humanos (toda la Constitución y todos los DDHH, no sólo aquello que le cuadre al gobierno de turno). Podrían empezar dando ejemplo, respetando los derechos constitucionales de los padres en materia educativa y de todos los ciudadanos en cuanto a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia. ¿Es mucho pedir?

Manuel Martín-Gaitero López M.
Presidente de Foro Ciudad Real en Libertad.

Artículo publicado en la revista La voz

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