JOSÉ LUIS BAZÁN. Doctor en Derecho. Experto en protección jurídica de los derechos humanos
En Castilla La Mancha se define la atención a la diversidad como “toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado” (art. 2.1 del Decreto 138/2002 de 8 de octubre por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha -DOCM 126, de 11 de octubre de 2002).
Precisamente, la situación social generada a causa del ejercicio por los padres de su derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía -que supone la presencia del hijo en el colegio, pero su no entrada en las sesiones de la citada materia-, encaja en el concepto legal mencionado, al generarse unas circunstancias que difieren de las ordinarias. Hay que tener bien presente que esta situación novedosa deriva del ejercicio de un derecho y no tiene por qué ser considerada anómala, ni ha de provocar rechazo, ni en la dirección o profesorado del colegio ni en la Administración educativa.
Por el contrario, la respuesta a la diversidad del alumnado se regirá, entre otros, por los principios de normalización, integración e inclusión escolar (art. 4.1), y es el colegio el responsable de organizarla teniendo como referentes el proyecto educativo y el proyecto curricular (art. 5). El colegio no puede hacer responsables a los padres de los hijos en las horas de Educación para la Ciudadanía, ni exigirles que se hagan cargo de ellos durante ese tiempo.
Los centros docentes elaborarán un Plan de Atención a la Diversidad en el que incorporarán un conjunto de medidas dirigidas a dar una respuesta educativa adaptada al alumnado del centro en su singularidad a través de un currículum abierto y flexible (art. 6.1).
Esta vía legal permitiría dar contenido educativo a la parte curricular correspondiente a Educación para la Ciudadanía, generando alternativas educativas consistentes que hicieran de ese tiempo escolar una ocasión de aprovechamiento.
Precisamente, la situación social generada a causa del ejercicio por los padres de su derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía -que supone la presencia del hijo en el colegio, pero su no entrada en las sesiones de la citada materia-, encaja en el concepto legal mencionado, al generarse unas circunstancias que difieren de las ordinarias. Hay que tener bien presente que esta situación novedosa deriva del ejercicio de un derecho y no tiene por qué ser considerada anómala, ni ha de provocar rechazo, ni en la dirección o profesorado del colegio ni en la Administración educativa.
Por el contrario, la respuesta a la diversidad del alumnado se regirá, entre otros, por los principios de normalización, integración e inclusión escolar (art. 4.1), y es el colegio el responsable de organizarla teniendo como referentes el proyecto educativo y el proyecto curricular (art. 5). El colegio no puede hacer responsables a los padres de los hijos en las horas de Educación para la Ciudadanía, ni exigirles que se hagan cargo de ellos durante ese tiempo.
Los centros docentes elaborarán un Plan de Atención a la Diversidad en el que incorporarán un conjunto de medidas dirigidas a dar una respuesta educativa adaptada al alumnado del centro en su singularidad a través de un currículum abierto y flexible (art. 6.1).
Esta vía legal permitiría dar contenido educativo a la parte curricular correspondiente a Educación para la Ciudadanía, generando alternativas educativas consistentes que hicieran de ese tiempo escolar una ocasión de aprovechamiento.
1 comentario:
Esa es la marcha. Para nuestro propósito debemos utilizar todas las herramientas que las administraciones ponen en manos de los ciudadanos, aunque en su origen no estuvieran pensadas para esto. Atenta la compañía a la Carta de Derechos de los Ciuadan@s castellano-manchegos. Es hora de empezar a exigir. Los padres objetores tenemos los mismos derechos que minorías étnicas o religiosas, colectivos desfavorecidos, etc. Y además somos quienes con nuestros impuestos mantenemos a esta casta de políticos irresponsables.
Repito: es hora de empezar a exigir.
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